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Ciudad Juárez.— Hasta este viernes se han analizado 148 cuerpos de los 383 encontrados hace una semana en el crematorio Plenitud, en la colonia Granjas Polo Gamboa de esta frontera, de los cuales, al menos 27 ya cuentan con identificación probable, informó el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.
En conferencia de prensa, el funcionario detalló que algunos de los cuerpos que han logrado ser identificados portaban pulseras de hospitales con sus datos, y ahora la fiscalía busca a sus familias; mientras que en los demás cuerpos se está haciendo la clasificación individualizada de cada uno para —al momento de hacer las identificaciones— que sea más rápido para la fiscalía y los familiares.
Explicó que en muchos de los cuerpos se está trabajando en la hidratación por parte de los peritos, lo cual permitirá tener acceso a las huellas y así poder lograr la identificación plena de las personas.
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El fiscal indicó que ha bajado la afluencia de personas que han acudido a la FGE, pero la cifra de quienes se acercaron para solicitar la investigación de las cenizas que recibieron subió a 700 personas.
“Ya han aparecido familias con cenizas y con su cuerpo ahí, es decir, de los que hemos estado hablando (…) Evidentemente ya son más familias que los cuerpos encontrados (383), porque evidentemente este asunto despertó una gran inquietud en mucha gente, y mucha gente está yendo a que le hagamos aclaraciones, es parte de nuestro trabajo también”, afirmó.
En tanto, la tarde de ayer un juez vinculó a proceso a José Luis A. C. y Facundo Teófilo M. R., propietario y trabajador, respectivamente, del Crematorio Plenitud, donde fueron encontrados los 383 cuerpos.
Ambos fueron imputados el lunes pasado por los delitos de ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres, y ayer se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, donde el juez dictó seis meses para que se aporten más datos para la investigación, por lo cual la próxima audiencia sería hasta el 4 de enero de 2026.
Además, la mañana de este viernes otro pequeño grupo de personas acudieron a la fiscalía para poder investigar si el cuerpo de su familiar fallecido está entre los hallados en el crematorio Plenitud.
Aunque la afluencia de personas fue menor a la de inicios de semana, según constató EL UNIVERSAL, en esta ocasión las familias fueron atendidas de forma más rápida en el auditorio de la dependencia, a quienes se les solicitaban los documentos y datos para la identificación de su familiar, y después de eso se retiraban de las instalaciones.
ONU-DH pide investigar
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades mexicanas a investigar el caso de los cuerpos hallados en Ciudad Juárez, conforme a los estándares del informe de la Relatoría Especial A/HRC/56/56 sobre ejecuciones extrajudiciales.
El Alto Comisionado pidió que el hecho —en el que al menos seis empresas funerarias están involucradas— sea investigado de forma eficaz y con respeto a los derechos humanos de las personas fallecidas.
El informe indica que, en contextos de conflicto armado, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) obliga a buscar y recuperar cuerpos de forma rápida; identificar y documentar los cadáveres; enterrarlos con respeto, de ser posible según su religión y devolverlos a sus familias y mantener las sepulturas.
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Las desapariciones forzadas incluyen la obligación de investigar, identificar y restituir los restos humanos de las víctimas.
Apunta que debe respetarse la dignidad aún en pandemias, desastres naturales o crisis sanitarias, evitando entierros masivos sin registro, incineraciones arbitrarias o errores en la entrega de cuerpos.
Indica prohibiciones específicas para preservar el derecho humano de los muertos, entre las que recomienda que se impida mutilar, profanar o despojar los cadáveres, pues estas acciones pueden constituir la comisión de crímenes.
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En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) informó que inició una queja de oficio por el hallazgo de 383 cuerpos apilados en un crematorio en Ciudad Juárez.
La queja radicada con el número CEDH:10s.1.8.132/2025, donde se investiga principalmente presuntas violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y en lo particular, acciones y omisiones contrarias a la administración pública como faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, y prestar indebidamente el servicio público.
La investigación va dirigida a dilucidar la probable acción u omisión de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Coespris) con independencia que en la misma pueda desprenderse responsabilidad para otra u otras autoridades respecto a este caso.
