Más Información
Secuestran y asesinan a delegado de Unión Regional Ganadera en Sinaloa; su cuerpo presenta huellas de tortura
VIDEO: “¡Qué violenta!”, grita Noroña a senadoras; Jucopo ordenó retirar mampara del Senado lo que provocó jaloneos
Trump desgina a Elon Musk al frente del "Departamento de Eficiencia Gubernamental"; buscará eliminar regulaciones excesivas
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz determinó que el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares violentó los derechos humanos del exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib , quien fue encarcelado acusado de un delito que no cometió.
El organismo autónomo emitió una recomendación al considerar que se acreditaron una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad cometidas por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno yunista.
Se determinó que la reclusión de Juan Antonio Nemi fue incompatible con el respeto a su dignidad humana y que generaron un sufrimiento adicional al connatural a la privación de la libertad.
Dichos sufrimientos -argumentó la CEDH- fueron innecesarios y pudieron ser evitables, por tanto, confieren al tratamiento al que fue sometido el exfuncionario durante su reclusión, la característica de cruel, inhumano y degradante.
Lee también:
El pasado 8 de abril, el exsecretario de Salud de Veracruz, fue declarado inocente de todas las acusaciones en su contra que presentó el entonces gobernador el panista Miguel Ángel Yunes Linares y su Fiscal General Jorge Winckler.
Fueron magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quienes ratificaron el no ejercicio de la acción penal en contra de Nemi Dib, quien durante su función como Secretario de Salud denunció una serie de irregularidades en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa .
En diciembre del 2017 fue arrestado acusado de los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal, peculado y abuso de autoridad , al ser señalado de irregularidades en la construcción de la Torre Pediátrica de Boca del Río y que ascendían supuestamente a los 30 millones de pesos.
Estuvo 17 meses en prisión y luego enfrentó el proceso en libertad.
La Comisión de Derechos Humanos aseguró que la SSP no garantizó los derechos humanos que le asistieron en su calidad de persona privada de la libertad, la cual constituyó en un trato cruel, inhumano y degradante.
om/rdmd