Oaxaca de Juárez.— Para las familias con una persona desaparecida el proceso para hacer la denuncia y para que las autoridades realicen acciones de investigación y de búsqueda es “lastimoso” y “revictimizante”, un “viacrucis muy lento”, asegura Ricardo Martínez Santiago, quien forma parte del colectivo Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia y del consejo ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Oaxaca.
Las familias no sólo se enfrentan al burocratismo que implica levantar un acta sobre la desaparición de un familiar, dice, sino también a la inacción y opacidad de instituciones como la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, así como el desdén de las autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) del gobierno del estado, y de los ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado.
La excepción, dice, es cuando la desaparición de una persona atrae la atención de los medios de comunicación, como el caso de la activista desaparecida Sandra Domínguez Martínez, o por la presión que realizan en medios de comunicación y en redes sociales, los colectivos de las familias de personas desaparecidas. Sólo en estos casos, afirma, es cuando las autoridades realizan acciones de búsqueda e investigación.
“Para las personas comunes y corrientes, que somos todos, ahí sí no hay nada. No nos voltean a ver, nos hacen dar muchas vueltas”.
Ricardo Martínez junto con otras tres familias conformaron el colectivo Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia, ante la falta de atención de las autoridades para buscar a sus familiares. Actualmente, el colectivo está formado por 20 familias, con igual número de casos.
En su caso, su hermano José Alberto Martínez Santiago desapareció el 15 de octubre de 2016. El último reporte que se tiene de él es que se encontraba en su domicilio particular ubicado en la colonia Antiguo Aeropuerto de Santa Lucía del Camino, un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de Juárez, según los reportes de ubicación de su celular. Desde entonces, no se sabe nada y no hay ningún avance en las investigaciones.
Cuando su hermano desapareció, no había una fiscalía especializada para atender las desapariciones, una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ni una Comisión Estatal de Atención a Víctimas. “Fue un proceso engorroso hacer la denuncia…, las familias estábamos totalmente desamparadas”, expresa.
“Por motivo de la desaparición de mi hermano y la falta de interés de las autoridades en la atención de nosotros, como víctimas, fue que se formó el colectivo, lo iniciamos cuatro familias y de ahí fue el primer colectivo a nivel estado que se formó”.
Sin embargo, advierte que las cosas no han cambiado mucho pese a la aprobación de nuevas leyes, el establecimiento de protocolos de búsqueda como los llamados Alba y Rosa, y la creación de las comisiones de Búsqueda de Personas y de Atención a Víctimas.
“Yo veo que las familias que tienen un desaparecido les cuesta mucho trabajo que los volteen a ver, solamente si hacen presión a través de los medios de comunicación, o redes sociales, es como voltean a verlos”.
Criminalización
Ricardo Martínez sostiene que el primer obstáculo se encuentra en la misma Fiscalía de Oaxaca, porque los ministerios públicos dicen a las familias que tienen que esperar 72 horas para presentar la denuncia de la desaparición, cuando la ley establece que se puede presentar a tan sólo unas horas de que haya ocurrido y cuando se presuma que está en peligro su vida.
A esto se suma que tardan de dos a tres meses para solicitar la sábana de llamadas de la víctima y la geolocalización del celular, y las compañías se tardan también en entregar esta información. Aquí también la ley establece que las autoridades están obligadas a solicitar esta información de inmediato.
Y como integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Oaxaca, organismo creado para vigilar la actuación tanto de la comisión como de las autoridades responsables, señala que la actual titular Michel Julián López no los ha recibido, pese a la solicitud que le entregaron en diciembre de 2024.
“Nos hacen a un lado, no nos entregan información sobre lo que están haciendo y no nos quieren dar atención”, asegura, y adelanta que, de no tener respuesta, tendrán que tomar otras vías, como interponer una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Además, en este proceso, dice, las personas desaparecidas tienden a ser juzgadas y sentenciadas por las autoridades, quienes las acusan de tener presuntos vínculos o actividades criminales o ilícitas.
Esto precisamente es lo que viven actualmente las familias de los siete jóvenes desaparecidos con quienes se perdió contacto mientras realizaban un viaje a Puerto Escondido.
Apenas este martes tres de los vehículos en los que presuntamente viajaban las siete personas que se encuentran desaparecidas desde el pasado 7 de enero fueron encontrados en el municipio de Ejutla de Crespo, cerca de la desviación a la autopista que lleva a la Costa.