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Por Ana Alicia Osorio, Cynthia Castillejos y Aimee Melo
Elisa estuvo seis meses en la cárcel. Su “delito”: terminar la relación con su expareja por la violencia que él ejercía contra ella y denunciarlo por retener a los hijos de ambos, un día que ella salió de viaje.
Desde el primer momento que su expareja se negó a devolverle a los hijos, Elisa interpuso procesos legales para recuperarlos. Un día acudió al centro de convivencias como parte del juicio de recuperación, pero en lugar de sus hijos la esperaba un fuerte operativo para arrestarla: su expareja la había denunciado y su prueba era que las plantas que Elisa usaba para sahumar eran hierbas para drogar a los pequeños.
A diferencia de los procesos legales que ella había interpuesto contra él por la violencia doméstica y por impedirle ver a sus hijos, el proceso que él interpuso en contra de ella avanzó rápida y contundentemente: fue detenida en un operativo en Veracruz y trasladada a un penal en Quintana Roo. El caso fue irregular, con pruebas fabricadas, con amenazas y procesos penales contra quien se atreviera a fungir como su testigo. Elisa pasó seis meses en prisión preventiva vinculada a proceso.
Primero la violentó, luego le quitó a los niños, después la metió presa.
Eso que él hizo se llama violencia vicaria. Esto es, cuando una persona quiere lastimar a otra y lo hace ejerciendo violencia sobre una tercera persona. En este caso, los hijos son usados para hacerles daño a las mujeres, según se explica en el “Informe Contextual sobre Violencia Vicaria: Análisis de la legislación estatal desde el enfoque civil y penal versus leyes locales en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, realizado por la Secretaría de Gobernación.
Aunque es un término relativamente nuevo (acuñado hace unos 10 años), la realidad es que las mujeres lo viven desde hace mucho tiempo y de diferentes formas: agreden, violentan o sustraen a las y los hijos u otras personas que dependen de ellas (adultas mayores, personas con discapacidad, etc.). Se trata de un tipo más de violencia de género que se presenta generalmente por parte de la pareja o expareja cuando ya hubo otras violencias previas. En la experiencia de mujeres y colectivas se ha documentado cómo las instituciones judiciales posibilitan esta violencia.
Después de seis meses presa Elisa recuperó su libertad, pues la jueza del caso lo cerró por falta de pruebas. La violencia no terminó ahí, al salir de prisión se encontró con cuatro denuncias más en su contra, amenazas de muerte y sobre todo la imposibilidad de volver a ver a sus hijos.
Elisa no es la única en esa situación. Es decir, la única que vive violencia vicaria y que, además, sufre denuncias en su contra como una forma agregada de violentarla. El 90% de las víctimas de violencia vicaria enfrentan procesos legales iniciados por su agresor, de los cuales el 53% son en el campo penal y el resto en el civil, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Víctimas realizada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, una organización que abarca colectivos de 25 estados y que busca cambios en el sistema legal mexicano. La encuesta fue realizada en el año 2022 a un total de 3008 mujeres víctimas de estas agresiones en todo el país.
Rubén Jiménez, abogado especializado en violencia vicaria, aseguró que los agresores suelen criminalizar a las mujeres para quitarles a sus hijos. “El papá hace denuncias falsas hacia la mamá para poder quitar, retener al niño o impedir la convivencia. Tratar de agredir a la mamá, ese es su único fin”, aseguró al añadir que para que estos procesos avancen únicamente hace falta la palabra del violentador.
La separación de hijos e hijas, una violencia a evitar
“La violencia vicaria es la suma de múltiples violencias”, dice Shamanta Sesma, una de las fundadoras de CESODI, un colectivo creado en Baja California en el año 2022 y que actualmente reúne a 40 mujeres.
Cesar, Sofía y Diego conforman las siglas de este colectivo, son el llamado de lucha por los hijos de Shamanta Sesma y la hija de Estefanía Plascencia fundadoras del colectivo.
En 2019, tras seis años de relación, Shamanta decidió separarse por violencia física y psicológica, pero aún separados la violencia continuó. El 6 de abril de ese año, mientras ella trabajaba, él se llevó a los dos hijos que tuvieron juntos. Aunque ella intentó denunciar no se lo permitieron argumentando que era el padre biológico.
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Para volver a verlos, el agresor le advirtió que ella debía viajar desde Baja California al Estado de México. Shamanta relata lo sucedido y aprieta los labios como cuando se está pensando en un mal recuerdo; a su llegada en el aeropuerto a la Ciudad de México, Jesús la esperaba con flores y chocolates. Esa misma noche ocurrió el primer abuso sexual en la habitación de un hotel mientras sus dos hijos menores dormían.
Shamanta logró irse del hotel con sus hijos e intentó denunciar la violencia sexual, pero al llegar a la Fiscalía de Ecatepec un funcionario la cuestionó: “¿Quién fue el que dice usted que la abusó?, ¿tiene pruebas?, ¿hay testigos? Si yo le hago un examen, pues solamente va a salir que sí ha tenido relaciones. Y no vamos a poder probar nada”. Esa fue la segunda vez que intentó y no pudo denunciar al agresor.
En el 2013 la Suprema Corte emitió el primer protocolo para Juzgar con perspectiva de género con la tesis 1a./J. 22/2016 (10a.) que señala que todos los juicios deben analizarse con perspectiva de género y contextualizar la situación que viven las mujeres. Sin embargo, los juzgados no observan que las mujeres han vivido violencia y están siendo parte de las estadísticas de violencia vicaria. Como el caso de Shamanta, que no pudo denunciar la violencia sexual.
Shamanta regresó con sus hijos a Baja California. Meses después Jesús llegó a su domicilio con la justificación de visitar a los menores. Ahí ocurrió la segunda violación.
De nuevo Shamanta intentó denunciarlo, acudió a la oficina de atención de la Fiscalía en Playas de Rosarito, pero ahora fue una mujer quien le cuestionó su declaración: “¿Voy a hacer una carpeta que diga que su esposo la violó?, ¿por qué no ha iniciado los trámites de divorcio?”.
Esta sería la tercera vez que Shamanta acudía a la justicia sin éxito: la primera vez cuando intentó denunciarlo por llevarse a los hijos de ambos, la segunda por la violación en el hotel en el Estado de México y la tercera por la violación en su casa.
Ella es parte del 71% de las víctimas de violencia vicaria que ha vivido violencia institucional, es decir que las autoridades también las han violentado, según la misma encuesta el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.
La encuesta señala que 9 de cada 10 agresores cuentan con formas de bloquear los procesos legales o recursos que las víctimas interponen. Entre ellos el 18% son por tener cargos públicos, el 58% tráfico de influencias, 81% poder económico.
El 6 de mayo del 2021, dos años después de haber sustraído a los menores por primera vez, su expareja se los volvió a quitar a Shamanta, le dijo “iremos a comer y al cine”, pero se los llevó nuevamente al Estado de México. De esa ocasión, Shamanta ya no pudo recuperarlos.
Según el Frente Nacional de Violencia Vicaria, el 81% de las mujeres que es víctima de este tipo de violencia han sufrido la separación forzada de sus hijos y el 19% restante viven con la amenaza constante de que los menores serán sustraídos.
El traslado a otro estado es uno de los problemas que enfrentan las víctimas de violencia vicaria, los agresores lo hacen para entorpecer el acceso a la justicia ya que se dificulta la comunicación entre instituciones como juzgados y fiscalías, según el abogado Jiménez.
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En el 2021, Shamanta comenzó la primera de dos demandas por la custodia de sus hijos en un juzgado familiar de Baja California, un año después le fue concedida, pero los niños no le fueron devueltos porque su expareja también la demandó en el Estado de México.
Ella siguió en la lucha. El 24 de abril de 2023, aprovechando que en marzo de ese año Baja California tipificó la violencia vicaria en el Código Penal, Shamanta acudió de nuevo ante la Fiscalía para la primera denuncia por violencia vicaria en la entidad con número expediente 0205- 2023- 01783. Como resultado, 10 meses después la Fiscalía logró el traslado del agresor de Ecatepec a Tijuana a prisión preventiva con una orden de aprehensión por sustracción en modalidad de retención por la guardia custodia.
Sin embargo, en la audiencia llevada a cabo en marzo de 2024, se determinó que su expareja sustrajo a los niños en 2021, antes de que Shamanta ganara la custodia de ellos en 2022. Es decir, lo declararon inocente porque no había delito que perseguir, aunque todavía él los tiene y no le permite verlos.
El padre de sus hijos y expareja quedó libre y Shamanta aún no puede ver a sus hijos. Ella terminó en urgencias por un intento de suicidio. Ahora cada 15 días acude a su cita en la unidad de psiquiatría y toma medicamentos por un diagnóstico de depresión y ansiedad severa disfuncional.
“Justicia” desigual
Nancy cuenta con asombro la rapidez con que ha avanzado la denuncia por maltrato infantil que su expareja puso en su contra, en la misma mesa y con la misma fiscal con quien cuatro meses antes ella interpuesto una denuncia contra él por falta de pensión alimenticia.
Ella presentó la denuncia en enero de 2024 y dos meses después él hizo lo mismo. A las semanas, Nancy fue notificada y llamada a declarar y hacer peritajes. Si la denuncia de la expareja prospera, Nancy puede ser detenida y su hija de 9 años y su hijo de 13 podrían quedar bajo custodia de él.
La encuesta del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria señala que las mujeres dedican hasta 15 horas a la semana para poder sortear las denuncias penales y civiles que las exparejas interponen contra ellas. Es una manera de debilitarlas física, mental y económicamente.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz, que ahora investiga a Nancy, tampoco ha dado avances en la denuncia que ella interpuso en febrero del 2021 por violencia familiar debido a los golpes, agresiones y destrucción de sus pertenencias por parte del mismo hombre que ahora la denuncia.
En cambio, aunque él cuenta con una orden de restricción debido a la violencia que ejerció, la han obligado a intentar conciliar por el incumplimiento de pago en la pensión alimenticia argumentando que eso marca el procedimiento. El proceso se ha hecho en dos ocasiones y ella se ha presentado, pero él no.
“No daba crédito que dentro de mi proceso penal donde lo denunció por incumplimiento de pensión alimenticia, me obligan a ir dos veces a una conciliación cuando se supone que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estipula que la violencia no es conciliable (…) Es muy complicado ver esas lagunas jurídicas”, dijo.
Pero Nancy no solo lleva los procesos penales, también los civiles (en otros estados se llevan en juzgados familiares, pero varía según la ley de cada entidad). En el primero se persiguen los delitos y en el segundo todo lo referente al tema familiar sobre las convivencias, custodias y pensiones alimenticias.
De hecho, no solo le sucede a Nancy, todas las víctimas de violencia vicaria deben llevar ambos juicios paralelos. Uno de los problemas que ellas enfrentan es que ambas instancias no tienen comunicación y las resoluciones de un juicio no afectan al otro.
En la denuncia penal a Nancy le dieron una orden de restricción contra su agresor para evitar que se le acerque. Pero, aunque se lo ha hecho saber al juzgado civil (donde lleva el tema de guarda y custodia), la ignoran, obligan e intimidan en reuniones donde él está presente en el Centro de Convivencia Familiar.
Un delito que poco se persigue
En México, 28 estados han legislado sobre el tema de violencia vicaria y 18 lo tipificaron en el Código Penal, según la revisión de los Códigos Penales y Leyes de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de todos los estados.
Margarita Salcido Cota es abogada y preside el Movimiento Cabeño contra la Violencia Vicaria. Por su experiencia asegura que los funcionarios judiciales no conocen el concepto de violencia vicaria y cuando se les explica juzgan a las víctimas y a las abogadas defensoras por “querer dañar a los hombres”.
De hecho, el Movimiento ha llevado a los juzgados el Código Penal impreso con la definición de violencia vicaria, para mostrarle a quienes imparten justicia su existencia.
La tipificación es impulsada por colectivos de mujeres que han vivido violencia vicaria. Pero incluso su tipificación poco salvaguarda sus derechos. Actualmente en todo México han interpuesto 609 denuncias por violencia vicaria pero no se ha llegado a ninguna sentencia, de acuerdo con respuestas de las Fiscalías y Procuradurías locales obtenidas a través de solicitudes de información.
Todas las mujeres que denuncian este delito están en la impunidad y únicamente 48 carpetas (el 7.88%) han sido llevadas a un juzgado.
Mayreth, una de las víctimas en Baja California Sur, relató que en su momento fue revictimizada por una funcionaria, quien le aseguró que si su expareja le aportaba $50, eso era suficiente y cumplía con su obligación.
En ese estado la violencia vicaria se tipificó como delito en junio del 2024, sin embargo, de poco ha servido para frenarlo y evitar que los funcionarios participen en ella. Esa es la historia de Gabriela, quien se enfrentó a agresiones físicas, psicológicas y verbales por parte de su expareja, quien la acusó de intento de homicidio y así pudo quitarle a su hija de apenas un año.
Gabriela tardó año y medio en recuperar a su hija, en este proceso las abogadas Margarita Salcido Cota y Alejandra Placencia, la apoyaron pro bono para que avanzara su proceso, en el cual su expareja la llegó a agredir verbalmente frente a las autoridades asegurando que Gabriela padecía de sus facultades mentales.
“Al final el juez se encontró con muchas mentiras por parte de él y su abogada y determinó que la custodia me sería entregada porque se comprobó por parte de las autoridades que mi expareja me había violentado, que era mentira el supuesto intento de homicidio y además había sustraído de manera ilegal a mi hija y se la llevó fuera del estado”, relató Gabriela.
Ante la falta de respuesta de las instituciones públicas algunas víctimas han intentado recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sentar precedente y que determine que las instituciones están involucradas en la violencia. Hasta el momento la CIDH ha admitido dos casos y está pendiente uno más.
El primero fue el de Blanca Estela Paredes Hernández con la petición P-2498-23 promovida con el apoyo de la Red Solidaria Década contra la Impunidad AC (RSDCIAC). Ella señala como su agresor al exmagistrado del Tribunal de Justicia de Jalisco, José de Jesús Covarrubias Dueña, (quien fue desaforado y está prófugo por los cargos de abuso sexual), con quien tuvo dos hijos. En su queja indica que el Estado ha sido parte de los violentadores al ser omiso en las violaciones de sus derechos y dilatar injustificadamente los trámites.
El otro caso admitido fue el de Gabriela Pablos Saucedo, bajo la petición P-275-24 con ayuda de la misma Red. A ella, su expareja le quitó a su hijo usando una denuncia falsa de maltrato infantil y en cuya resolución el juez ignoró la perspectiva de género.
El caso de Elisa Zaldívar, que pasó seis meses en la cárcel de Quintana Roo, también está en análisis para ser admitido.
Apoyo y sororidad
Los colectivos Ley Sabina y Movimiento Cabeño, en Baja California Sur, así como el Colectivo CESODI, en Baja California, han permitido a las mujeres sobrellevar los procesos que involucran la violencia vicaria. En muchos estados se han conformado organizaciones y colectivos que se apoyan de manera solidaria para salir adelante y enfrentar la continua revictimización institucional.
Además, algunos despachos jurídicos —como el de la abogada Margarita Salcido Cota y el abogado Rubén Jiménez— apoyan a las víctimas de violencia vicaria con asesorías jurídicas con menor costo de lo normal.
“El daño es mayúsculo, no solamente va en la interposición de denuncias falsas, va muchísimo más allá porque tienes que luchar contra ti misma, contra una sociedad e inclusive demostrarle a tus hijos que sí los quieres, que sí eres una buena mamá, y cómo decir que su papá es malo si ellos están haciendo todo lo posible aparentemente por ser unos grandes papás”, destacó Salcido.
Estos colectivos se han agrupado en algunas organizaciones nacionales como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Gracias a ellos Elisa pudo obtener su libertad después de seis meses de detención injusta; Shamanta pudo tener asesoría legal; Nancy confía en la tipificación de la violencia vicaria en Veracruz para poder denunciar. Estos colectivos impulsan los casos a instancias locales e internacionales, dan apoyo emocional y hacen frente a la violencia vicaria que realizan las exparejas y las autoridades.
*Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
