Culiacán.— En las últimas semanas se han multiplicado los casos de ataques criminales contra casas particulares y locales comerciales, principalmente en Culiacán y Mazatlán.
En total suman 159 las viviendas que han sido baleadas, vandalizadas o incendiadas. Tan solo en la primera semana de diciembre, nueve casas de diversas categorías, además de un motel y un expendio de cerveza —ubicados en diversos sectores de la capital del estado— fueron blanco de actos de violencia con disparos e incendios provocados.
Ayer se reportó que dos casas fueron baleadas en la colonia Servidor Público, en Culiacán, sin víctimas. Sin embargo, el domingo en Mazatlán un matrimonio murió en el incendio provocado en su casa.
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Estos ataques figuran dentro de una estrategia de intimidación y eliminación de posibles refugios de grupos rivales, en el marco de la guerra que sostienen en esta entidad Los Chapitos y Los Mayos, facciones en disputa dentro del Cártel de Sinaloa, advierten expertos.
Estos ataques se dirigen principalmente a residencias, pero también a negocios como restaurantes de comida japonesa, expendios de cerveza, moteles, tortillerías, locales comerciales y talleres.
La intención de estas acciones es dejar un claro mensaje: esos espacios ya no pueden ser ocupados y están marcados. En forma excepcional, en estos hechos se han presentado muertos o heridos.
“La impresión que se tiene sobre esta nueva modalidad delictiva es que no se busca causar muertes, sino enviar un mensaje a los dueños de las casas de que ya no están seguros en ellas y es preferible que abandonen la ciudad”, plantea el investigador universitario Isaac Tomás Guevara Martínez.
El también fundador del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa explica que con estas acciones se da la impresión “que uno de los dos grupos siente que va conquistando la plaza en disputa, por lo que manda mensajes de que se salgan”.
Puntualizó que si se le busca una lógica a estos nuevos comportamientos de la violencia, por lo que se puede apreciar, estos ataques a balazos e incendios contra viviendas y negocios son mensajes a los adversarios, en el sentido de que deben huir de la ciudad.
Las autoridades estatales refieren que no existen evidencias que en los actos de vandalismo contra negocios de diversos renglones prive el cobro de piso.
Precisan que en el caso de los daños provocados a viviendas, los propietarios no acuden a presentar las denuncias respectivas.
Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno de Sinaloa, afirmó que en la entidad no se tiene evidencia ni antecedentes que hagan presumir que existe “el cobro de piso a comerciantes o empresarios”.
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Subrayó que, en cada caso de daños a viviendas o negocio, la Fiscalía General del Estado es la que tiene a su cargo investigar los posibles orígenes de estas agresiones.
Las viviendas que han sido blanco de ataques se concentran en los sectores Alturas del Sur, Colinas de San Miguel, Montebello y Sector Santa Fe, así como en las colonias Miguel Hidalgo y Miguel Alemán, y en poblados rurales cercanos a Culiacán, como Imala, El Diez y el Tomo.
La táctica de sembrar el miedo
Dentro de la situación de inseguridad que se vive en Sinaloa “cada uno de los grupos delictivos en pugna traza sus propias estrategias para intentar dominar a sus rivales. Una de ellas es sembrar la intranquilidad y eliminar posibles espacios de resguardo”, observó el ómbudsman Óscar Loza Ochoa.
Con una larga trayectoria en lucha social, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos advirtió: “No vislumbro un panorama más tranquilo para 2026, la violencia va a continuar, posiblemente con otros matices”.
Estas tácticas de sembrar el miedo entre grupos rivales se extienden a Mazatlán, donde negocios y casas también son blanco de atentados.
Ataques sin denuncias
Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general de Sinaloa, dijo que pese a los daños en los inmuebles, sus propietarios no presentan denuncias; sin embargo, se sigue un procedimiento para conocer las posibles causas de estos actos delictivos.
Expuso que no se tiene datos concretos que permitan establecer la motivación que lleva a los dueños de las viviendas o comercios a no interponer las querellas respectivas sobre las afectaciones a sus patrimonios.
En los ataques contra casas-habitación se han registrado tres personas muertas y dos mujeres heridas, en tres hechos diferentes.
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Entre ellos está el ocurrido el pasado domingo 7 de diciembre en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán. Un matrimonio falleció dentro de su casa cuando hombres armados dispararon y luego prendieron fuego al lugar.
Los habitantes fueron identificados como Vicente, dedicado a la contratación de jornaleros agrícolas, y su esposa Daniela; ambos fueron encontrados en el baño donde murieron por inhalación de humo.
Trabajadores del campo que viven cerca y los vecinos tuvieron que intervenir para intentar controlar el incendio en toda la casa. Los atacantes rociaron gasolina en la fachada y la puerta de acceso para después prenderle fuego.
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Luego denunciaron en redes sociales que las autoridades y los servicios de emergencia tardaron mucho en llegar. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó el miércoles que están abiertos a cualquier investigación que abra la Fiscalía General del Estado en relación a la actuación del personal que respondió a los reportes que entraron al C-4.
El martes, la fiscal comentó que, en caso de encontrar indicios de que la Policía Municipal de Mazatlán fue omisa en atender con prontitud los reportes que se emitieron a las líneas de emergencia se va a proceder contra los responsables; sin embargo, no hay detenidos.
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