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Monterrey.— A siete años de la tragedia en el Casino Royale, que dejó 52 muertos, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que hay 17 personas en prisión, pero sólo cuatro han sido sentenciadas por el caso. Además, señaló que continúa abierta la investigación para determinar la probable responsabilidad de ex funcionarios estatales y municipales por omisión.
El 25 de agosto de 2011, un incendio en el casino provocado presuntamente por integrantes de Los Zetas, dejó 52 muertos y 11 heridos.
Este viernes, al dar un resumen del caso, el vicefiscal explicó que de los 17 encarcelados, cuatro ya recibieron sentencias condenatorias con penas que oscilan entre los 75 y 100 años de prisión. El resto de los procesos se encuentran detenidos o sujetos a otros juicios. Señaló que había otro hombre encarcelado por este caso, pero murió en un motín.
En noviembre de 2012, la CNDH recomendó iniciar procesos penales y/o administrativos contra autoridades que por acción u omisión propiciaron la tragedia; ayer, el vicefiscal dijo desconocer si se inició alguna averiguación por la anterior Procuraduría General de Justicia (PGJ), pues durante el proceso de transición, dijo, no se les entregó ni notificó sobre alguna investigación al respecto.
Explicó que en el trabajo que realizó la anterior Procuraduría de Justicia del Estado se dejaron abiertas tres averiguaciones previas: una contra otros posibles participantes en la tragedia por situaciones distintas a las del ataque, y otras dos contra funcionarios estatales o municipales, por acción u omisión.
El funcionario se negó a revelar los nombres de los ex funcionarios, aunque en su momento se señaló al ex presidente municipal de Monterrey, Fernando Larrazábal, y al ex director de Protección Civil, Jorge Camacho Rincón, como presuntos responsables por omisión en la tragedia que enlutó al país.
Indignación. Familiares de las víctimas denunciaron que cada que se acerca la fecha del aniversario de la masacre, las autoridades se acercan, pero sólo “para taparle el ojo al macho” y después se olvidan.
Coincidieron en que el año pasado los buscaron para incluirlos en el Registro Nacional de Víctimas, pero la lista quedó incompleta.
“En el registro hay solamente 15 víctimas directas y un poco más indirectas. Es muy preocupante porque muchos de los trabajadores dejaron hijos huérfanos que están entrando a clases y dependen de alguna abuela para su manutención”, señaló Samara Pérez Muñiz, madre de Brad Xavier, una de las 52 víctimas mortales.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “sólo reconoce como víctimas a los que acudieron a realizarse pruebas sicológicas, de tres a cuatro semanas después de los hechos, siendo muy difícil que asistieras cargando aquella situación extrema”, afirmó Pérez Muñiz y lamentó que no haya gente sentenciada “por la tragedia que marcó al país”.
La familia Martínez Cavazos es una de las que continúan en situación complicada. Alejandrito Martínez nació con una enfermedad degenerativa, está conectado a un respirador y se alimenta por sonda. Dependía económicamente de su padre y éste murió en el ataque. Las autoridades se han negado a constituir un fideicomiso para ayudarlo, como prometió la entonces primera dama, Margarita Zavala.
La madre de Alejandrito comenta que en la administración de Jaime Rodríguez les quitaron hasta la ayuda de despensas a ella y a todas las familias de los trabajadores. Y “no es que se lo regalen, es un derecho, porque la autoridad no fue capaz de cumplir con la seguridad”.
En el incendio murieron 17 trabajadores del casino, pero en los procesos jurídicos sólo se considera a 11. Está el caso de un empleado que tenía una hora laborando cuando ocurrió la tragedia y no fue reconocido como trabajador y tampoco como víctima por parte de las autoridades.
