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Entre enero y agosto de 2018, los servicios médicos forenses (Semefo) de 10 ciudades han recibido más de 5 mil cuerpos, que corresponden a víctimas de homicidios dolosos y culposos. EL UNIVERSAL entrevistó a las autoridades de los institutos para saber qué ha pasado con los cadáveres, y la mayoría respondió que no tiene problema con la elaboración de la ficha signalética, entrega o almacenamiento de los cuerpos. Sin embargo, colectivos de familiares de desaparecidos han documentado lo contrario, aseguran que las dependencias involucradas trabajan sin leyes claras y sin coordinación. Dudan de la información.
En enero pasado este diario indagó en qué situación se hallaban los Semefo del país, a pregunta expresa el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) respondió que no registraba problemas en sus 11 sedes.
Sin embargo, desde el pasado 16 de septiembre, Jalisco ha estado en el ojo del huracán cuando se conoció que ante la falta de espacio en Guadalajara, la fiscalía del estado utilizó un tráiler para almacenar 157 cadáveres refrigerados, el cual tuvo que peregrinar por al menos tres municipios ante el rechazo de los vecinos. Después se informó que eran dos los tráileres, con 322 cuerpos.
A raíz de este escándalo se repitió el ejercicio y se encontró que no hay una ley que precise los tiempos para enviar un cadáver no reclamado a la fosa común. Ni siquiera la Ley Federal de Salud habla sobre el tema.
En el manejo de cadáveres no reclamados no existe autoridad que supervise la extracción de ADN. Este vacío ha provocado que los estados se manejen a su antojo y a los familiares de desaparecidos les sea casi imposible volver —al menos— a recuperar los restos.
En enero pasado, al menos ocho familias hallaron a sus seres queridos dentro de la fosa común en Tijuana. Sus cuerpos no identificados fueron a parar en bajo un hoyo cavado dentro del panteón municipal,
“Eso porque las autoridades se han convertido en una maquinaria que prácticamente desaparece gente, por necesidad o negligencia no se cumple con los tiempos para enviar los cadáveres a la fosa común, si antes eran 30 días redujeron el tiempo a la mitad, pero ahora ni eso, son entre cinco o siete —días— en refrigeración y de ahí pasan al hoyo”, señala el secretario de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ortigoza.
Geovanni Barrios, presidente del colectivo Justicia Tamaulipas, dice “cómo va a estar todo bien en forenses, si sólo en Tamaulipas hay más de 12 mil desaparecidos”. Subraya que estos lugares son un búnker, donde se prohíbe el paso a quienes buscan a sus familiares, con el argumento de no revictimizar a las personas que fueron asesinadas. “No tienes paso al forense para evitar la revictimización, pero sí, a las fosas, donde puedas rescatar los fragmentos”.
Barrios, quien la semana pasada presentó una denuncia contra los ex gobernadores tamaulipecos Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba por delitos de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, asegura que no existe voluntad de las procuradurías para apoyar a quien busca un familiar. “Te mandan de un lugar a otro, incluso se tiene que viajar a la Ciudad de México, no se dan cuenta de que tu vida está en peligro, nos exponen”.
Sin coordinación y sin especialización
La falta de coordinación entre áreas internas y con las instancias de procuración de justicia ha desatado crisis como la de Guadalajara, reconoce Carlos Daniel Barba Rodríguez, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
Barba Rodríguez, quien llegó al cargo el 19 de septiembre, luego del que el gobernador despidió a Luis Octavio Cotero Bernal tras el escándalo del tráiler, señala que al revisar el Laboratorio de Genética del IJCF descubrió que la institución tiene un aparato de última generación, la máquina permite utilizar robots para el procesamiento de las muestras genéticas, pero estaba en desuso, arrumbado.
El equipo permite tomar 100 muestras por día de ADN para poder trabajarse en el laboratorio y hacer los perfiles genéticos. Como no se utilizaba sólo salían 30 por día.
Y mientras peritos de Guerrero denuncian que trabajan a marchas forzadas, sin material suficiente e incluso reciclando los guantes, en Sinaloa, hasta 2017, en la Dirección General de Servicios Periciales sólo había un especialista.
Guanajuato, a pesar de tener un repunte de violencia, principalmente en León e Irapuato, se salva de tener saturación en sus semefos, gracias a que los cuerpos son identificados con prontitud y entregados a sus familiares.
Las autoridades de esa entidad presumen que tienen seis unidades bien equipadas y anuncian la creación de una más.
La revisión a los forenses se llevó a cabo en todo país, aunque se enfatizó en una decena de ciudades que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), están entre las 15 con más homicidios en los primeros ocho meses del año: Tijuana, con mil 559 muertos; Acapulco, con 676; Culiacán, que registra 477; León, con 401; Benito Juárez, con 376; Irapuato, donde se reportan 347; Guadalajara, con 341; Reynosa, con 262; San Pedro Tlaquepaque, donde suman 257, y Morelia, con 250.
