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Ante la condena de organizaciones por el crimen de Cándido Ríos, corresponsal del Diario de Acayucan, el pasado martes en la zona sur de Veracruz, autoridades federales adelantaron que las primeras investigaciones determinaron que el ataque no iba dirigido contra el reportero.
La fiscalía estatal sólo se limitó a informar que tenía abierta una investigación sobre el asesinato del comunicador y dos personas más; sin embargo, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, negó que la muerte esté vinculada a su actividad periodística.
Entrevistado previo a su reunión con familiares de desaparecidos en Xalapa, dijo: “Todos los indicios apuntan a que el hecho está vinculado con otra persona, no con él; ha habido información en medios de algunos elementos que indican que se trató de un atentado contra otra persona y contra sus escoltas”.
Cándido Ríos fue ejecutado el martes a balazos en el municipio de Hueyapan de Ocampo, en el sur de Veracruz. También murieron Víctor Antonio Alegría, ex inspector del municipio de Acayucan y ex candidato a síndico del lugar por la alianza PRI-PVEM y su escolta.
Campa Cifrián dijo que se debe esperar a que concluyan las investigaciones para conocer el móvil de este homicidio y aunque reconoció que el hombre estaba incluido en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la PGR, su muerte no tiene relación con su profesión.
“Lo que sucedió no tiene que ver con el análisis de riesgo del periodista, sino con otros problemas vinculados con las personas que también perdieron la vida”, expresó.
Señaló que hace unos meses se hizo una revisión a la protección del periodista y se comprobó que tenía un sistema de protección con seis cámaras, chapas de seguridad y un botón de asistencia o de pánico.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó y lamentó la muerte de Cándido. Solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación exhaustiva y expedita para que este homicidio no quede impune, sin omitir la línea de investigación relacionada con su profesión.
Pidió a la Secretaría General de Gobierno de Veracruz implementar las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia de Cándido.
La presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, demandó a Jorge Winckler Ortiz, fiscal estatal, realizar mesas regionales para analizar caso por caso los crímenes contra los comunicadores. Reprochó que hay muchas investigaciones rezagadas y dijo que es necesario actualizarlas para evitar la impunidad.
El crimen de Cándido Ríos Vázquez es el número 20 en el estado y el tercero en lo que va de la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien tomó el cargo el 1 de diciembre de 2016.
Los más recientes son el asesinato del periodista, Ricardo Mon- lui, y Edwin Rivera, un periodista hondureño refugiado en Acayucan y quien fue ejecutado el pasado 9 de junio.
