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Cancún.- A pesar de las advertencias sobre el impacto ambiental ya provocado por la dispersión de sedimentos y la introducción de maquinaria pesada en la Laguna de los Siete Colores, y aun cuando la ausencia de consulta pública nulificó la posibilidad de que la comunidad opinara, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantendrá la construcción de la llamada “Casa Bacalar”, estancia de descanso para “soldados estresados por el trabajo que realizan en protección de la Nación”.
La edificación localizada frente al Fuerte de San Felipe Bacalar y al pie de la laguna constará de tres habitaciones, alberca, cocina y otros espacios, y se desarrolla gracias a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) exentó a la Sedena de la tramitación de permisos, según lo informado por la institución militar al Consejo Ciudadano de ese municipio.
“La construcción se realizará, pero con un claro mensaje de imposición, ignorando las regulaciones ambientales y que ignora las necesidades de la población”, indicó el grupo ciudadano, luego de la reunión sostenida con representantes de la Sedena y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el pasado 24 de marzo para informarles de qué tratan las obras y cuáles son sus alcances.
Originalmente, el proyecto contemplaba instalaciones de gran escala, pero fue modificado ante la presión de la comunidad y la solicitud de frenar los trabajos.
Ahora, las obras consisten, supuestamente, en una edificación de una sola planta y tres habitaciones al pie de la laguna con vista privilegiada, que lleva por nombre “Casa Bacalar”, para el descanso de soldados “estresados” por sus labores para “proteger a la Nación”, dijo una de las integrantes del Consejo Ciudadano, a EL UNIVERSAL.
El Ejército asegura que la construcción de la casa no provocará desequilibrios ecológicos, “ya que se limita a ampliaciones, modificaciones, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura existente”, que no requirieron tampoco de la presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a ser evaluada por la Semarnat.
La institución castrense no pudo explicar a representantes del Consejo Ciudadano, bajo qué argumentos quedó exenta de tramitar los permisos obligados por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y de consultar a la comunidad, como lo establece el Acuerdo de Escazú, en materia de garantizla participación ciudadana.
La única explicación que se ofreció al Consejo fue que el proyecto quedó exceptuado y no se consultó a la comunidad porque “es de seguridad nacional”, lo cual fue calificado por el grupo ciudadano como “incomprensible”.
“¿Ya no vivimos en una nación democrática y estamos supeditados a las necesidades de Sedena con el argumento de la supuesta ‘seguridad nacional’ en cualquier tipo de obra que ellos realicen?", cuestionó el Consejo.
El INAH tampoco explicó cuáles fueron los criterios para permitir la obra que, además, colinda con el Fuerte San Felipe Bacalar.
En ese tenor, el Consejo Ciudadano solicitó la presentación inmediata del escrito de exención de permisos.
“De lo contrario, parece que la Sedena se sitúa por encima de la ley, en lugar de ser garante de la misma”, expresó.
Aunque las obras son aparentemente de “bajo impacto”, la dispersión de sedimentos y la introducción de maquinaria pesada en la laguna para rellenos y dragados, tendrá efectos que debieron ser evaluados como parte de la tramitación obligada de permisos.
Los posibles daños ambientales incluyen el aumento en la contaminación del agua debido a las descargas de residuos, el deterioro de los estromatolitos –organismos milenarios presentes en el sitio– y la afectación a especies endémicas.
Además, el incremento en la actividad humana y vehicular podría alterar el delicado balance de nutrientes en la laguna, provocando el crecimiento de algas que alterarían su característico color azul turquesa, han advertido especialistas y ambientalistas.
El Consejo demandó de la Sedena, del INAH y del gobierno federal, la realización inmediata de un estudio de impacto ambiental independiente, con participación de expertos y organizaciones locales.
Transparencia total en la planeación y ejecución del proyecto, con acceso a la información para la ciudadanía y la realización de una consulta pública vinculante, para que los habitantes decidan si el proyecto debe seguir adelante o no.
De proseguir, se exigió que la Sedena adquiera compromisos de mitigación de impacto ambiental, asegurando medidas para evitar el deterioro del sistema lagunar.
También se desconocieron las declaraciones que, a título personal, hizo un integrante del Consejo, quien minimizó la situación conversada con la Sedena y el INAH.
Y solicitaron a la Sedena y Semarnat que aclaren públicamente los alcances del proyecto, muestren los permisos o exenciones correspondientes y el material a usarse en las obras realizadas.
afcl/LL
