Oaxaca de Juárez.— En más de 10 años la presencia que mantiene el Ejército en Oaxaca creció 300%, pues la entidad pasó de contar con mil 138 elementos en 2012, a registrar 3 mil 827 en 2021 y 3 mil 515 en 2022, lo que indica que el número de militares se ha triplicado, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidos por EL UNIVERSAL a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Según las cifras, en la última década, 2014 fue el año en el que Oaxaca contó con menos soldados desplegados en su territorio, pues el gobierno reconoció únicamente 410. Desde entonces, en comparación con dicho año, el número de efectivos que actualmente tienen presencia en territorio estatal es seis veces mayor.
Los documentos entregados por la Sedena también indican que en el último sexenio estatal el número de soldados desplegados en Oaxaca fue en promedio de 4 mil por año, mismo periodo en el arrancaron megaproyectos del gobierno federal, en particular en el Istmo de Tehuantepec, como el Corredor Interoceánico, que ha enfrentado procesos de resistencia comunitaria.
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Precisamente sobre esa región, donde se ha observado un aumento significativo de personal militar y de corporaciones de seguridad para blindar los trabajos de esta obra, tanto la Sedena como el gobierno de Oaxaca rechazaron dar a conocer el número de elementos desplegados en las comunidades. La Sedena asegura no contar con la información solicitada y el gobierno local responde que es clasificada y fue reservada cinco años porque entregarla a la ciudadanía “dejaría vulnerable la seguridad de la sociedad en general y de los servidores públicos”.
Este medio solicitó a la Sedena informar cuántos militares estuvieron y están destacados específicamente en la región del Istmo de Tehuantepec, en los municipios de Matías Romero, Ixtepec, Juchitán, Tehuantepec, Unión Hidalgo y Salina Cruz, comunidades por donde atravesaría el Interoceánico para conectar por tierra al Pacífico con el golfo de México y que es uno de los proyectos emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como respuesta, la Sedena niega contar con dichos datos bajo el argumento de que “las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documento ad doc para atender solicitudes de información” y afirma que darlos a conocer sería un riesgo de seguridad nacional.
“Después de realizar una exhaustiva búsqueda congruente y razonada en los archivos del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional no se localizó la información”, cita la respuesta.
Por otra parte, el gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSyPC), se niega a responder la solicitud sobre el número de policías estatales y elementos de la Guardia Nacional que se encuentran operando en el Istmo, pues afirma que “la información se encuentra clasificada como reservada y entregarla a la ciudadanía dejaría vulnerable la seguridad de la sociedad en general y de los servidores públicos”.
De acuerdo con el oficio SSyPC/PE/DJ/1555/2033.AT, entregado a este medio como respuesta, el plazo para la reserva de esta información es de mínimo cinco años.
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Disuadir la protesta
Para Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, especialista en defensa del territorio de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), la presencia del Ejército en comunidades indígenas de Oaxaca contribuye a la destrucción del tejido comunitario, porque las Fuerzas Armadas son vistas como ajenas debido a que los pueblos tienen sus propios modelos de organización, ligadas al territorio, la lengua y el ejercicio colectivo del poder a través de la asamblea comunitaria, el tequio y el sistema de cargos.
También asevera que actualmente la presencia militar en regiones como el Istmo tiene como finalidad disuadir la protesta social de quienes se oponen a las obras de este megaproyecto, como sucedió recientemente con el desalojo violento de un bloqueo que durante 30 días realizaron pobladores inconformes.
“El papel de las Fuerzas Armadas es disuadir la protesta social como sucedió en Mogoñé Viejo, donde la apuesta del gobierno es la modernización del Tren Transístmico y las comunidades quieren evitar la devastación de la naturaleza y el desplazamiento de la población. El Ejército se encargó de operar el desalojo”, precisa.
Para el especialista, actualmente la presencia del Ejército en esa región está ligada a proteger no sólo el Corredor Interoceánico, sino también a actividades ligadas a la explotación minera y proyectos hidroeléctricos.
Lo preocupante, dice, no sólo es el aumento de militares en Oaxaca, sino el incremento de sus funciones y de su presupuesto, pues en 2023 las Fuerzas Armadas ejercieron 153 mil millones de pesos, un gasto mayor que en 2022 y en detrimento de la reducción de recursos asignados a los municipios.
“Nunca antes las Fuerzas Armadas habían tenido este papel, ahora construyen carreteras, aeropuertos, controlan las aduanas y, por supuesto, están construyendo las vías del Corredor Interoceánico, están ejerciendo tareas de seguridad pública, hubo intentos desde Felipe Calderón, pero fue el gobierno de López Obrador donde se consolidó”, destaca.
Pese a ello, las cifras indican que el incremento de militares en Oaxaca no ha reducido delitos como asesinatos y secuestros, que se han mantenido, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pues de 2015 a 2022 se reportan 12 mil 457 homicidios y 204 secuestros en el estado, incidencia delictiva calificada de alto impacto.
Señalan que pese a abarcar los años con mayor presencia de militares, en este periodo los asesinatos casi se quintuplicaron: de 416 en 2015, alcanzaron los mil 872 en 2022, mientras que en lo que va de 2023, la entidad oaxaqueña acumula 700 homicidios y 15 secuestros.
“La militarización no es una crisis, porque las crisis pasan, se trata de algo permanente. En los hechos, lo que ocurre en el país y en Oaxaca es una ocupación militar”, subraya el también experto en defensa indígena.
¿Seguridad nacional?
Juana Ramírez Villegas, comunicadora y defensora ayuuk, habitante de la zona limítrofe con el Istmo, indica que al aumento de militares debe sumarse el decreto realizado por el Presidente en agosto de 2022, que buscaba que la Guardia Nacional pasara a control de Sedena, pero sobre todo que el Corredor Interoceánico fue clasificado como una obra “clave de seguridad nacional” y con dicho argumento su control pasó de manos civiles a las de la Marina.
“Por varios meses los tramos de Palomares, Hierva Santa y Mogoñé del Tren Transístmico fueron detenidos, alrededor de 20 kilómetros, porque no había información clara sobre las actividades de rehabilitación ni de los trabajos que están realizando. Están ampliando sin consultar a los pobladores un derecho de vía de 35 metros de cada lado”, dice Ramírez Villegas.
Para la activista, el decreto que clasifica al Interoceánico como una obra clave de seguridad nacional complicará aún más los acuerdos con las comunidades afectadas y podría generar violencia, ya que desde que su operación se entregó a la Secretaría de Marina, se ha cerrado la posibilidad de diálogo.
“Creemos que el megaproyecto Interoceánico no se concluirá porque hay muchos problemas en su entorno, muchas comunidades inconformes, problemas añejos que con la imposición y la militarización se han agudizado, a pesar de la presencia del Ejército, las comunidades han dicho que eso no los intimida y van a defender su derecho y su territorio”, enfatiza la representante comunal.