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Monterrey, NL, 28 de octubre Al vencer el plazo para el registro de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, más de 25 profesionistas del derecho así como ex funcionarios y servidores públicos del gobierno estatal o que actualmente desempeñan puestos dentro de la institución autónoma, se inscribieron para ser considerados para ocupar el cargo por un periodo de seis años, luego que el pasado primero de octubre presentó su renuncia el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.
Entre quienes presentaron su solicitud de registro ante la Oficialía de Partes del Congreso Local, destaca Adrián de la Garza Santos, quien fue Procurador de Justicia del Estado, de febrero de 2011 a enero de 2015, cuando renunció para ser candidato del PRI a la alcaldía de Monterrey, puesto que ocupó durante dos períodos consecutivos, aunque el segundo lo dejó inconcluso para contender en 2018 como candidato de la alianza PRI-PRD a la gubernatura del estado, cuando perdió ante Samuel García.
Asimismo, se inscribieron Francisco García Scott, quien fue delegado de la Procuraduría General de la República en Tamaulipas y dijo contar con una experiencia de 20 años en procuración de justicia; además de Javier Flores Saldívar, ex subprocurador de Ministerios Públicos, quien fungió como abogado del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz cuando enfrentó un proceso por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, que lo llevó a estar 19 horas preso en el penal del Topo Chico.
También busca ser considerada para el cargo la actual titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinosa, quien ha sido cuestionada por la forma en que se investigaron los feminicidios de Debanhi Susana Escobar y Yolanda Martínez, a tal grado que en el primer caso se había catalogado como muerte accidental por un golpe en la cabeza; pero una segunda autopsia determinó que murió de asfixia por sofocación. El expediente fue atraído por la FGR por petición de la familia de la víctima.
Igualmente se inscribió Esteban Cantú Montes, quien, desde marzo de 2018, asumió como director de la Agencia Estatal de Investigaciones.
También aspiran a encabezar la Fiscalía General, varios funcionarios estatales, entre ellos Carlos Eduardo Mendoza Cano, Procurador Fiscal del Gobierno de Samuel García, quien anteriormente fungió como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE); Carlos Manuel Cuevas, encargado de despacho de la UIFE, Lorena Aidheé Treviño Pérez, coordinadora de Inteligencia Financiera y Económica de la UIFE, y Roberto Gallardo, director jurídico de la Secretaría de Economía.
El proceso para designar al nuevo o nueva Fiscal General, ha desatado la polémica, pues el gobernador Samuel García adelantó que podría vetar perfiles politizados que le proponga el Congreso, y los legisladores criticaron que el gobierno estatal a través de la Agencia Estatal Penitenciaria, negara entregar cartas de no antecedentes penales a la mayoría de los aspirantes, entre otros al ex procurador De la Garza Santos.
El área jurídica del gobierno estatal alegó que hay suspensiones de amparo promovidas por profesionistas que se inconformaron por el procedimiento de selección, mediante la cuales se ordenó suspender dicho trámite. Sin embargo, diputados de oposición señalaron que se busca que sólo sean seleccionados perfiles al gusto del gobernador Samuel García, ya que los funcionarios estatales que participan en el proceso, sí recibieron la carta de no antecedentes penales.
Algunos de los que no recibieron dicho documento, igualmente se inscribieron presentando una declaración escrita y firmada, señalando bajo promesa de decir verdad, que no cuentan con antecedentes penales, al tiempo de manifestar que sí solicitaron la carta que aparece entre los requisitos para su inscripción.
El artículo 158 de la Constitución Política del Estado, establece entre los requisitos para encabezar la Fiscalía no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin embargo, si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado, cohecho u otro hecho de corrupción o delito en general que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
El artículo 159 señala que dentro de los diez días posteriores a la ausencia definitiva o aceptación de la renuncia del Fiscal General o noventa días previos a que finalice su término, el Congreso del Estado emitirá una convocatoria por un plazo de quince días y contará con treinta días después de concluido dicho plazo para integrar una lista de cuatro candidatos al cargo de entre la lista de candidatos remitida por el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.
Asienta que, en caso de ser más de cuatro, cada legislador votará por cuatro opciones de la lista de aspirantes remitida y los cuatro que obtengan la votación más alta integrarán la lista que será enviada al gobernador, quien en un término de cinco días seleccionará de entre ellos una terna definitiva que enviará al Congreso para su consideración.
El Congreso del Estado, con base en la terna definitiva enviada por el gobernador y previa comparecencia, designará al Fiscal General mediante el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.
Asimismo, se señala que, de no alcanzarse dicha votación, se procederá a una segunda votación entre los dos integrantes de la terna que hayan obtenido más votos y en caso de empate entre quienes no obtuvieron el mayor número de votos, habrá una votación para definir por mayoría quien entre dichos candidatos participará en la segunda votación; pero si persiste el empate, se resolverá por insaculación entre ellos.
Además, se contempla que si en la segunda votación, ninguno de los dos obtiene el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, se procederá a la insaculación de entre estos últimos dos.
Pero en caso de que el gobernador no envíe la terna de candidatos, el Congreso del Estado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los cuatro candidatos de la lista enviada originalmente al Ejecutivo.
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