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La mañana del 24 de junio, unos 150 campesinos ayuujk (mixes) del poblado Mogoñé Viejo, con machetes en mano, corrieron de sus tierras a los trabajadores que pretendían comenzar las obras de rehabilitación del Tren Transístmico.
Lo hicieron, explica Venancio Francisco Joaquín, representante de los comuneros de esa localidad del municipio de San Juan Guichicovi, porque ingresaron sin pedir autorización y porque nadie les ha informado del impacto ambiental.
No era la primera vez que expulsaban a los obreros. Entre 2020 y los primeros seis meses de 2021, campesinos de Santa María Petapa, Matías Romero y Guichicovi han expulsado, en al menos 34 ocasiones, a trabajadores de diversas compañías que ganaron las licitaciones para rehabilitar las vías de tren. Como consecuencia, en dicho tramo los avances son nulos.
Pese a estas resistencias, Gonzalo Villalobos López, delegado federal de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, asegura a EL UNIVERSAL que hasta junio y tras dos años de diálogo, se ha consensuado un poco más de 75% de las tierras necesarias para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), uno de los proyectos insignia del gobierno federal, cuyo eje es el Tren Transístmico.
Dicho proceso de negociación, añade, se ha llevado a cabo con 31 núcleos agrarios que se verán impactados por la rehabilitación de las vías, así como con aquellos donde se tiene la expectativa de instalar un polígono industrial.
Para el delegado de esta instancia federal —encargada de conseguir las tierras para este megaproyecto, “sin afectar los intereses de sus propietarios” ejidos y comunidades— lo que ha sucedido en Guichicovi y otros lugares donde hay oposición es resultado del abandono del proyecto del ferrocarril y la falta de visión de conectividad en el Istmo, lo que ocasionó que la gente comenzara a usar el derecho de vía.
“Hay ejidos que nacieron después de la misma vía del ferrocarril, cómo podrían argumentar un derecho de vía, hemos estado explicando cómo funciona, qué es. Hay un proceso de conciliación e información con todos los núcleos agrarios. En Guichicovi habrá la necesidad de encontrar un punto de equilibrio”, señala.
Aunque Villalobos López asegura que también existen organizaciones sociales tras las inconformidades en contra del Interoceánico y la rehabilitación del tren, en lo que denomina como “industria del chantaje”, que al no encontrar eco en el gobierno optan por oponerse, reconoce que también hay resistencias y luchas legítimas de parte de las comunidades.
Entre las principales resistencias que reconoce como “legítimas” destaca la de la falta de eficiencia de la electricidad, y sobre todo, el problema del agua, pues con la llegada de más gente, la demanda se incrementará.
Por ello, y ante la denuncia contra funcionarios de presiones para ceder la tierras, asegura que la obtención debe realizarse con información, sensibilización y siempre cuidando jurídicamente que el territorio de los pueblos no sea afectado.
“No se trata de un proceso en donde se excluya a los pueblos del desarrollo, sino de cómo los incluimos y respetamos los derechos agrarios y sobre la tierra de cada uno de ellos”, ahonda.
Pese a ello, señala que la decisión que tomó el CIIT de no asociarse con los campesinos dueños de las tierras donde se instalarán los parques industriales, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, se debe a que las asambleas de las comunidades son “volubles”, lo que impide que haya condiciones para una sociedad de participación.
Ante esta situación, asegura que la Procuraduría Agraria en Oaxaca ha insistido que las poblaciones deben ser beneficiadas por los servicios que las empresas van a requerir a su llegada.
“Al vender la tierra al gobierno, pues sí deja de ser de propiedad social, pero es una gran oportunidad del desarrollo (...) Imaginémos el tamaño de la inversión como para que un día amanece de mal estado de ánimo la asamblea y lo echa a perder, es la parte que se quiere cuidar”, finaliza.
