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Zacatecas.- La discusión y aprobación de la iniciativa del matrimonio igualitario se estancó en la Legislatura de Zacatecas, debido a las presiones y posturas encontradas de diversos grupos, por un lado, la comunidad LGBTTT exige sea aprobada para cumplir con los mandatos constitucionales y de derechos humanos, mientras que los grupos pro familia piden que sea rechazada esta reforma y se someta a consulta popular.
Esta polarización generó que por la mañana amanecieran tomadas las instalaciones de la Legislatura local por parte de un grupo de los grupos que dijeron buscan la defensa de “la familia y matrimonio natural”, encabezados por la ex diputada de Encuentro Social , Iris Aguirre, quien pertenece a grupos de cristianos, así como de otras expresiones religiosas pidieron ser escuchados por los diputados.
Luego se realizó una reunión de diálogo con los manifestantes, quienes aseguraban que ellos representaban a mayoría del pueblo y no a las minorías, por tanto, insistían que no se reforme el Código Familiar que a la fecha sigue consignando que el matrimonio civil sólo se puede realizar entre un hombre y una mujer.
Al terminar esa reunión, los diputados en voz de Susana Rodríguez, informaron a los medios que los acuerdos es realizar diversas mesas de diálogo técnicas que terminarán en octubre, así como diversos foros regionales, por tanto, se deshecha la posibilidad de que en lo inmediato dicha iniciativa sea sometida a discusión, ya que permanecerá en el análisis de las comisiones.
Antes de retirarse, afuera del congreso local, los grupos de manifestantes se colocaron en círculo y realizaron una oración.
EXIGENCIAS DE COMUNIDAD LGBTTTI
Más tarde, en una conferencia de prensa, la comunidad LGBTTTI en Zacatecas , presidida por Paz Barrón Delgado, así como de diversos grupos de feministas y de derechos humanos, aclararon que los derechos humanos no se consultan, sino se respetan.
Por tanto, emitieron un pronunciamiento público, en donde dejan claro que de reunirse las comisiones y dictaminar, “no aceptarán salidas salomónicas” de llamar a esta iniciativa como “enlace nupcial” o “sociedades de convivencia”, al puntualizar que existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que no se pueden tener dos instrumentos normativos para regular un mismo acto jurídico y que no se puede tratar de manera diferenciada a personas iguales.
De igual manera, pidieron "respeto al estado laico, a la separación iglesia-estado, así como a la separación de poderes y su derecho a vivir sin discriminación y sin violencia", al mencionar que después de 162 años que se dejó de ser “un estado confesional, en el que la religión católica era oficial y se dio paso a la separación iglesia-estado" y que aún "hay autoridades que no conceptualicen la diferencia entre tribuna y púlpito; entre gobierno civil y religioso”, señalaron.
Por ende, le exigieron al gobernador Alejandro Tello Cristerna que “mantenga sus prejuicios personales en el ámbito de su vida privada y respeto pleno al marco constitucional y legal”, al recordarle que debe gobernar para todas y todos, por tanto, debe mantenerse imparcial y además en este proceso con las manos fuera de la función legislativa.
También enviaron un mensaje a Cristina Rodríguez Pacheco, esposa del mandatario estatal, al precisarle que "públicamente no forma parte de la estructura del estado en la toma decisiones a nombre y en representación del pueblo, debido a que su papel es como esposa y no puede señalar a la usanza de las viejas monarquías de quienes tienen derechos o no, con quienes el estado asume su obligación de garantizarles el ejercicio de sus derechos humanos plenos”.
Además de exigir al obispo de Zacatecas, Sigrifedo Noriega que se conduzca conforme al marco normativo del estado mexicano y le recordaron que "entre sus facultades no está la de hacer política, que no tiene derecho a regir la agenda pública" ni realizar una asociación con políticos "fuera de la ley para transgredir los derechos humanos de las personas que no se ajusten a sus estrechos parámetros de ser persona".
Incluso, en el pronunciamiento hizo énfasis al obispo que “en los templos y en su púlpito, no puede utilizar un lenguaje homofóbico y denigrante y no puede a través de frases cargadas de odio incitar a la violencia en contra de una parte de la población”, además de que no debe asumirse “como verdad religiosa absoluta”, debido a que el estado laico “no implica la ausencia de religión, sino el respeto a todas las manifestaciones religiosas”.
Los integrantes de los colectivos del LGBTTTI advirtieron que seguirán luchando por el respeto a los derechos humanos y por la no discriminación y ante esta postura reprocharon que la Legislatura local busque la conclusión del periodo legislativo y hasta que termine el actual quinquenio.
