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Chilpancingo.— La masacre de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, tal vez no sorprendió a ninguna autoridad. Desde hace años hay reportes oficiales que este municipio es un polvorín: hay una disputa latente entre organizaciones criminales —La Familia Michoacana y Los Tequileros— apoyada por la clase política, sobre todo, por el PRI y el PRD.
Como parte del hackeo masivo realizado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un reporte del Ejército informa que La Familia Michoacana y Los Tequileros están anclados al poder político desde hace por lo menos unos ocho años.
Por un lado, al exalcalde de San Miguel Totolapan y exdiputado local, el priista Saúl Beltrán Orozco, el reporte del Ejército lo vincula a Los Tequileros.
Al priista lo acusaron de financiar e informar a Los Tequileros desde que era alcalde (2012-2015). En 2015 compitió por la diputación local y ganó la elección.
En 2016, el Congreso de Guerrero inició un juicio contra Beltrán Orozco para desaforarlo a solicitud del entonces fiscal gene ral, Xavier Olea, para ejecutar una orden de aprehensión en su contra acusado de ordenar el asesinato a un cura cuando era alcalde. La solicitud no prosperó.
El fiscal Olea nombró a Beltrán Orozco como El Tequilero número uno; hasta hoy el priista es señalado como el líder de esa organización criminal.
Beltrán Orozco está en libertad y es uno de los señalados como uno de los responsables de la masacre del 5 de octubre pasado, donde fueron asesinadas 23 personas, entre ellas el edil de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda y su padre, el exalcalde Juan Mendoza.
Tras la salida de Beltrán Orozco de la presidencia municipal de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza se convirtió en alcalde y desde que arribó al ayuntamiento comenzó con la conformación del Movimiento por la Paz, un grupo de autodefensa para combatir a Los Tequileros.
El reporte del Ejército indica que Juan Mendoza pidió la ayuda a los líderes de La Familia Michoacana para sacar del municipio a Los Tequileros; también pidió apoyo al entonces gobernador, el priista Héctor Astudillo Flores, para implementar operaciones con el mismo objetivo.
Un día después de la masacre, en video difundido en las redes sociales, el presunto líder de La Familia Michoacana, Alfredo Hurtado Olascoaga, alías El Fresa, contó que el ataque era dirigido en su contra y contra del alcalde y su padre, con quienes había acordado reunirse ese día.
Hurtado Olascoaga también contó que en 2016, Juan Mendoza le pidió ayuda para conformar un grupo de autodefensa para combatir a Los Tequileros.
En uno de los reportes hackeados en 2014 tras el ataque, desaparición y asesinato de normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el Ejército vinculó a 20 alcaldes de Guerrero con distintas organizaciones criminales.
En ese momento, el Ejército vinculó a ocho de los nueve alcaldes de la Tierra Caliente con organizaciones criminales, todos llegaron a sus cargos a través del PRI y el PRD.
Ahora, el escenario puede ser muy parecido, el secretario General de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, acusó a los alcaldes de la Tierra Caliente de no colaborar en tareas de seguridad.
Contó que se hace un par de años se le propuso al ayuntamiento de San Miguel Totolapan, gobernado por los Mendoza, la donación de un terreno para construir un cuartel de la Guardia Nacional, pero se negó; lo mismo pasó en Zirándaro, gobernado por Morena.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la morenista Yoloczin Domínguez Serna, pidió a los alcaldes de la Tierra Caliente que no “obstaculicen” el arribo de policías.
En las últimas semanas, el arribo de militares a la Tierra Caliente ha sido casi imposible, en el municipio de Arcelia pobladores, comerciantes y transportistas lo han impedido con bloqueos.
Mientras que en Zirándaro decenas de hombres armados participaron en un tradicional desfile, sin que nadie se inmutara. El desfile lo encabezó la alcaldesa morenista Tania Pacheco.
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