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Monterrey.- El secretario general de Gobierno de Nuevo León , Javier Navarro Velasco, afirmó que el Ejecutivo estatal, Samuel García Sepúlveda, no permitirá que "el PRIAN" que tiene mayoría en el Congreso local, le quite atribuciones o facultades, y para ello se ejercerán vetos y se promoverán recursos de amparo, así como controversias constitucionales, para que se mantengan en sana convivencia para el equilibrio entre ambos poderes.
El funcionario estatal ofreció una rueda de prensa para informar sobre los procedimientos que, dijo, “ha tenido que iniciar la administración estatal para defender el Ejecutivo en relación a los decretos o intentos del Poder Legislativo para quitarle facultades al Ejecutivo.
“Este tema es prioritario para el Ejecutivo, va a defenderse y no va a permitir que se le quite ningún derecho constitucional, el Congreso tendrá sus facultades, el Ejecutivo tiene las suyas y así se deben mantener en sana convivencia dentro de los poderes del Estado”.
Señaló que los procedimientos que se han promovido en defensa del gobernador se han ido resolviendo favorablemente poco a poco, pues ya se han obtenido cuatro suspensiones provisionales de amparo, y se han presentado controversias constitucionales ante la Suprema Corte “y creemos que todo ello en conjunto va a lograr la estabilidad de los procedimientos que serán favorables cien por ciento para el Estado”.
Sobre el presupuesto estatal para 2023, dijo que no se ha podido aprobar por el Congreso, no obstante, la disposición del gobierno de García Sepúlveda para llegar a una negociación, al proponer asignar tres veces más recursos a los municipios de lo autorizado para 2022; pero asentó, no hay nada de qué preocuparse.
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“Tenemos que estar tranquilos, toda vez que tanto la Constitución de Nuevo León como la Federal establecen que, de no haber aprobación, se puede utilizar el del año previo con un ajuste equivalente a la inflación, lo que permitirá que el estado no se vea paralizado ni que veamos mermada la calidad de los servicios o que los proyectos no se lleven a cabo”, expresó Navarro.
Aseveró que hay antecedentes de otros estados que han tenido estos mismos conflictos con los congresos locales, como en Baja California y Morelos, y “se ha confirmado por la SCJN que es completamente válido hacerlo de esta manera”
El secretario rechazó señalamientos de diputados de la oposición PRI-PAN, en el sentido de que el gobierno estatal puso en práctica “marrullerías”, para que no pudieran entregar diversos decretos aprobados por la Legislatura, a fin de que sean publicados en el Periódico Oficial del Estado, ya que la administración estatal acordó que a partir del doce de diciembre y hasta el dos de enero, el personal que no realice labores frente al público con excepción de las áreas de Educación, Salud y Seguridad, realizará trabajo desde casa, ante el repunte de la pandemia de Covid-19.
“No es una situación que nosotros estemos provocando, ellos mismos traían tapaboca, no está de peligro, pero sí en aumento la pandemia; derivado de algunas personas que tenían problemas de salud, tomamos la precaución en Palacio de Gobierno, de mandar al personal a home office.
Sin embargo, afirmó que el período que el personal fue enviado a trabajar en casa, se declaran días inhábiles, y por lo tanto los plazos para diversos trámites correrán a partir del dos de enero, pues por el momento no hay quien reciba documentación.
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En cuanto a la Ley de Hacienda 2023 que aprobó el Congreso, por el que se pretende incrementar de 20 al 30 por ciento el fondo de participaciones municipales, Navarro Velasco asentó, “es imposible cumplir con ese capricho de los diputados del PRIAN; no es lógico ni es factible financieramente, checamos en toda la república y los antecedentes máximos que encontramos son del 3 y el 5 por ciento de las participaciones para los municipios”.
Lo que se propuso por parte del gobernador y del tesorero, comentó el funcionario, fue un aumento paulatino para mejorar la asignación de recursos, “para evitar que sacaran una ley que a leguas se nota que es ilegal, porque no hicieron un análisis financiero”.
Dijo que promoverán una controversia constitucional para efectos de que no proceda esta ley, porque “es imposible aumentar en un 50 por ciento las participaciones a los municipios, una locura”.
Respecto al juicio político que solicitaron ayer contra el gobernador Samuel García el PRI y el PAN, al afirmar que no cumplió con la entrega del proyecto de presupuesto para 2023 a más tardar el 20 de noviembre, comentó Navarro, “ya definitivamente raya en el absurdo que estén buscando cómo dañar más al estado por parte del PRIAN, es un reclamo totalmente infundado y no existe ningún motivo para que pueda proceder el juicio político”.
Insistió en que no existe en la Constitución la sanción por no presentar el proyecto de presupuesto, y tan no existe que hay tres casos en los que la SCJN ha autorizado que se ejerza el presupuesto del año anterior, cuando hay un amarre entre el Congreso y el Ejecutivo o bien haya alguna razón por la cual no se haya presentado en el plazo establecido.
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afcl
