La Paz, BCS.- El Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur (TEE BCS) restituyó los derechos partidistas de la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán , luego de que la Comisión de Honor y Justicia de Morena la sancionara por presuntos actos de nepotismo .

Esta tarde, el TEE BCS realizó una sesión extraordinaria urgente para revisar el tema. Concluyó que la comisión del partido no consideró el principio de "presunción de inocencia" de la funcionaria, por lo que instruyó a que se restituya el procedimiento.

“Se llegó a la conclusión de que es necesario que el órgano interpartidista vuelva a evaluar el material probatorio y, con base en una nueva valoración que responda a las reglas y garantías procesales, determine si se acredita la infracción o por el contrario, las pruebas no son de la entidad suficiente para acreditar la infracción, de cara con el principio de presunción de inocencia”, informó la presidenta del TEE, Betsabé Apodaca Ruíz .

Añadió que el partido tampoco investigó si se trataba de un acto de violencia política en razón de género, como lo refirió la alcaldesa, y debió ser analizado este ángulo.

Por lo anterior, el pleno del TEE BCS aprobó el expediente TTE/BCS/JVC/207/2020 en el que resolvió restituir sus derechos políticos a la alcaldesa que le fueron suspendidos con fecha 02 de octubre de este año, por lo que la Comisión de Honor y Justicia del Partido Morena deberá volver a evaluar el material probatorio con las consideraciones establecidas.

El mes pasado, la comisión partidaria resolvió una denuncia presentada desde julio de 2019 por el ciudadano Pedro Magallón , al considerar que la morenista incumplió con principios básicos del partido, al comprobarse la existencia de que había dado de alta a un familiar de relación consanguínea en línea directa (hijo) en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable.

La comisión consideró válidos los elementos de prueba, como las listas de alta del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e impuso una sanción de seis meses de suspensión de sus derechos.

Lo anterior causó controversia entre un sector de morenistas en que advertían que Armida Castro Guzmán se perfilaba como una aspirante a la candidatura por la gubernatura.

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