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Cuernavaca.- La solicitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco para destituir a los fiscales General del Estado y el de Anticorrupción , aumentó la confrontación entre las bancadas parlamentaras del PT y Morena del Congreso local, cuyos liderazgos disputan abiertamente la mayoría de votos para aprobar o desechar la solicitud del mandatario morelense.
Keila Figueroa Evaristo,
coordinadora parlamentaria de Morena
, reiteró su denuncia en contra de sus homólogos del PT a quienes acusó de actuar “a título personal” y fuera de la ley para destituir a Uriel Carmona como Fiscal General, y a Juan Salazar como Fiscal Anticorrupción ; es un proceso "a capricho" de legisladores del PT y del PES, señaló.
En conferencia de prensa anunció que su partido impulsará el cambio de la presidente de la Junta Política y de Gobierno y coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez, por actuar presuntamente de forma irregular.
En respuesta, los diputados petistas José Casas y Tania Valentina afirmaron que Morena pretende obstruir un tema de interés colectivo por lo que amagaron con iniciar un juicio político en su contra, así como enterar al presidente Andrés Manuel López Obrador , en su visita de mañana al municipio de Jojutla.
La solicitud del Ejecutivo estatal para la remoción de ambos fiscales se fundamenta en el hecho de que ninguno de los Fiscales presentó los exámenes de control de confianza para ocupar los cargos que ostentan.
La solicitud fue turnada a la Junta Política la semana pasada y ambos fiscales fueron citados a comparecer pero soslayaron el requerimiento por lo que la presidente de la Junta turnó la solicitud a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, así como a la de Gobernación y Gran Jurado, para que emitan su dictamen y sea votado por el pleno, lo que generó aún más encono entre las fracciones parlamentarias.
La sesión para discutir el tema fue suspendida desde el pasado martes pero en el reinicio de los trabajos Morena solicitó que la petición de remoción se regresará a la Junta pero su propuesta fue rechazada.
Por su parte el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el legislador del PT, José Casas, por divulgar información clasificada del Sistema de Información Pública y exponer que carece de los exámenes de Control de confianza desde su nombramiento, en 2015, así como su ratificación este año, lo que podría alcanzar una pena de ocho años de sanción.
En su opinión, lo anterior está contemplado en el artículo 56 y 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública . Además acusó que el legislador presuntamente obtuvo la información de manera ilícita, lo que fue refutado por el diputado al aducir que los datos los obtuvo en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, así como de secretario de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Congreso del estado.
El Fiscal Anticorrupción también acusó que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos lo eximía del proceso de evaluación hace tres años cuando fue nombrado por el exgobernador Graco Ramírez, pero luego de la reforma a la ley en cita, en agosto pasado, quedó establecida la obligatoriedad a presentar los exámenes cuyo proceso dijo que cumplió pero omitió la fecha y sólo subrayó que los resultados están en proceso.
afcl
