San Luis Potosí.— El número de personas desaparecidas en esta entidad genera preocupación a colectivos, que señalan la necesidad de dejar de estigmatizar a las víctimas y reforzar los trabajos para su localización.
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Es urgente dejar de decir que las y los desaparecidos se encuentran involucrados con el crimen organizado, señala Edith Pérez, madre buscadora desde hace casi 11 años y fundadora del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP.
Edith, quien junto con la hermandad de madres buscadoras participó en la película de Netflix Ruido, explica que lo que se ve en pantalla es una ligera presentación de lo que realmente enfrentan las familias que recorren estados completos buscando algún indicio para dar con los suyos, vivos o muertos, pues dice: “Vivos se los llevaron y como nos los regresen los queremos”.
En febrero pasado, Leticia Vázquez Hernández, edil del municipio de Cerritos, encendió la alarma cuando reconoció que en lo que va de 2023 ya registraban 30 personas desaparecidas; una situación similar viven al menos otros 14 municipios.
Edith Pérez señala que hay una franja muy definida con una alta incidencia de personas desaparecidas conformada por 15 municipios, donde el colectivo Voz y Dignidad brinda acompañamiento a las familias que, en algunos casos, buscan incluso a más de un ser querido.
“Me da vergüenza, pena ajena, ir y decirles a mis compañeras [que vamos a encontrar a su familiar], porque es tanto [territorio]. Toda esa franja es Venado, Charcas, Villa de Reyes, Santa María, Villa de Arista, El Naranjo, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Cárdenas, Rioverde, Cerritos, Tamazunchale, Matlapa, Alaquines, Rayón, todos esos lugares”, expone la activista.
Los casos se acumulan
Para poner en referencia cómo se ha disparado el número de desapariciones forzadas en la entidad, Edith Pérez citó el caso de Rioverde, donde en julio de 2021 acompañaban a ocho familias; en diciembre de ese año ya eran 35 desaparecidos más, cifra que no para de aumentar.
El 7 de marzo se cumplieron cuatro meses desde que tres mujeres jóvenes desaparecieron en el municipio de Ciudad Fernández, luego de asistir al antro La Gozadera. En el lugar encontraron la motocicleta en la que se trasladaban y las sandalias de una de ellas.
Sin denuncia no hay desaparecidos
José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado, reconoce que del cierre de 2021 al cierre de 2022 se contabilizaron 200 personas que, a la fecha, siguen sin ser localizadas.
Sin embargo, la activista estima que la cifra es mucho mayor, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones las familias no denuncian por temor y sospechan que las policías municipales están coludidas con la delincuencia. “Me escriben y me dicen que no han hecho denuncia, llaman al 911 pero no hay denuncia porque tienen mucho miedo... las policías municipales están coludidas porque están en el mismo pueblo”, relata.
El martes 14 de marzo, durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el gobernador Ricardo Gallardo reconoció el problema e hizo un llamado a los alcaldes a “ponerse las pilas”, y a las familias a poner las denuncias de sus desaparecidos. Señaló que las desapariciones son un mal que lacera la región por la inacción y desinterés de exgobernadores, exsecretarios de seguridad y exfiscales que evadieron el tema, sin disculpar a los actuales alcaldes, pues de más de 200 reuniones de seguridad hay quienes apenas han asistido a cinco.
Búsqueda sin recursos
Cada que salen a campo, las familias buscadoras —que ahora se han convertido en expertas en la identificación de restos óseos— se enfrentan no sólo al choque de emociones ante la posibilidad de encontrar o no a sus desaparecidos, sino a la persecución, la falta de seguridad, equipo y recursos económicos.
Edith explica que la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas en San Luis Potosí tiene capacidad para atender apenas una desaparición al mes, cuando el número de casos oscila en 30 en este mismo periodo.
Sin embargo, reconoce que han sido un logro las recientes tomas de muestras de perfiles genéticos en algunos municipios del estado, con apoyo del centro de identificación de Coahuila, aunque señala que es fundamental que ante el alto índice de desapariciones el estado cuente con su propio centro debidamente equipado.
Señala que en 2019 se presentó el proyecto del centro de identificación forense, el cual —en aquel entonces— se proyectaba que estaría equipado para 2021, y en 2022 ya estaría operando con siete áreas expertas, como genética, antropología, sicología, jurídico y gestión de recursos internacionales.
En abril de 2022, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, encabezó el corte de listón del Centro de Identificación Forense y de Búsqueda en el estado; a casi un año, éste sigue sin entrar en funciones como debería porque no hay equipo. “Ahí está el centro, ya hay personas trabajando, pero no pueden trabajar de lleno porque no hay equipo. Nos dicen que ya está la gestión.
“Hay un equipo que en enero se entregaba, son dos camionetas, software, computadoras y equipo para búsqueda, equipo de rapel y mucho más, pero no se ha recibido nada”, lamenta Edith Pérez. En tanto, ella continúa con la búsqueda de los suyos y todos los que se puedan encontrar, mientras el número de desaparecidos aumenta en San Luis Potosí.
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