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Las distintas reformas en materia penal y judicial impulsadas por Morena “meten el pie” a la propia estrategia de combate al delito y a la impunidad, así como al mejoramiento de la seguridad, alertó el abogado, escritor, académico y analista Carlos Pérez Vázquez.
El autor del libro “Procurar injusticia, los orígenes golpistas del sistema penal represor que ha gobernado México” (2025, Gijalbo), consideró que los cambios legales en materia de amparo, prisión preventiva oficiosa y la reforma judicial para someter a votación la designación de jueces y magistrados, sólo perpetúa un sistema penal violatorio de los derechos humanos.
“Lo que va a seguir sucediendo es que vamos a seguir teniendo una democracia mocha, una democracia insuficiente, porque no es posible tener una democracia plena si no hay un sistema de persecución del delito para la libertad, para los derechos”, sentenció el excoordinador de derechos humanos y coordinador de asesores de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tras explorar las raíces del sistema penal mexicano, una estructura que –asegura la investigación- privilegia la fuerza bruta sobre los derechos humanos, la fabricación de culpables sobre la búsqueda de la verdad y la prisión preventiva sobre la presunción de inocencia, el especialista consideró que no hay motivos para celebrar un supuesto avance democrático en México, ni siquiera después de la alternancia del año 2000.
“La piedra angular del sistema autoritario fue el sistema de persecución penal, ordenado, creado, inventado e imaginado por los militares y ese sistema, en los hechos, no ha sido modificado”, advirtió quien fungió como enlace de la SCJN ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como ejemplo, puso las recientes reformas legales para reforzar la prisión preventiva, un viejo principio -dice- de que el acusado tiene que ir a la cárcel, lo que acrecienta la idea de que la presunción de culpabilidad sigue rigiendo los destinos de las personas perseguidas penalmente.
“Son reformas un poco cortas de vista, que no tienen claro el contexto en el cual se presentan”, lamentó quien ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre otras instituciones.
Incluso, señaló que la reciente reforma judicial para someter a votación la designación de jueces y magistrados “es una anomalía”, pues no existe en ningún lado del mundo tal como se presenta en México, de ahí que el pronóstico es reservado.
“Procurar injusticia”, devela que el sistema penal mexicano fue producto del golpe de Estado militar en 1920, el cual –afirma el autor que hizo un recorrido histórico y análisis de casos emblemáticos, como el movimiento estudiantil de 1968, el caso Ayotzinapa de 2014 y el caso Florence Cassez- sentó las bases para un siglo de injusticia.
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“Los gobiernos de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de MORENA han sido coincidentes en el único credo que tienen y que comparten, simular seguridad, sea como sea, aunque nunca se logre, haciendo valer el autoritarismo propio del militarismo, en perjuicio de los derechos humanos”, sentenció en la publicación.
Sin embargo, a pesar de que las reformas en materia penal y judicial de los últimos tiempos perpetúan la tradición represiva penal, el autor afirma que ese sistema se encuentra en “etapa terminal”.
“Fundamentalmente por dos razones: una es que el viejo sistema tiene contradicciones ya internas en su aplicación real (…) y a diferencia de lo que pasaba antes, ahora México es un miembro de pleno derecho del Sistema Interamericano”.
afcl/LL
