Monterrey, NL
La refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, de Cadereyta, Nuevo León, cumple este 18 de marzo 40 años de entrar en operación. Esta planta nació como una esperanza para mejorar las condiciones de vida de muchos habitantes de la región y para el gobierno federal era un emblemático proyecto que garantizaría el abastecimiento de combustibles en el norte del país.
Sin embargo, el saldo no ha sido tan positivo, ya que la ineficiencia y corrupción han afectado su funcionamiento a tal grado que hoy produce menos que hace 20 años, a pesar de las millonarias inversiones, además de que los daños ambientales y la inseguridad han sido la constante para las comunidades campesinas y habitantes de este municipio.
Desde 1979, la producción de estas instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) abastece de combustibles a los estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y parcialmente a Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
La refinería está ubicada a 36 kilómetros al norte de la zona conurbada de Monterrey. Cuenta con 35 plantas de proceso que conforman dos trenes de producción y, según Pemex, es una de las más productivas y redituables del Sistema Nacional de Refinación.
“Produce gasolinas y diésel ultrabajo azufre, asfalto, azufre, coque, propileno y gas LP, entre otros petrolíferos. Su equipamiento le permite procesar una mezcla de petróleos crudos tipo Istmo y Maya, de 34 y 22 grados API, ligero y pesado, respectivamente”, describe la petrolera en su página de internet.
En 1997, Pemex inició un proceso de reconfiguración de la refinería de Cadereyta que implicó una inversión superior a los 2 mil 300 millones de dólares aplicados a lo largo de 10 años. La planta llegó a 75% de su capacidad al iniciar el proceso, pero la producción decayó. Actualmente lo hace al 43%, según admitió el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, durante la presentación del Plan Nacional de Refinación del nuevo gobierno federal, en diciembre pasado.
En una visita a Nuevo León, el pasado 18 de diciembre, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ofreció prácticamente revivir la refinería con una inversión de más de 4 mil millones de pesos, con lo que se prevé que a fines de 2019 la planta trabaje a 80% de su capacidad y para 2020 al 100%.
La refinería fue diseñada para procesar 265 mil barriles diarios de petróleo, pero debido a problemas de mantenimiento hoy sólo procesa 115 mil —43.3% de su capacidad—.
Afectaciones
José Manuel Guerrero Noyola, sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, en el ejido San Juan, ha liderado los reclamos de comunidades ejidales ante los problemas de contaminación de parcelas y pozos de agua ocasionados por Pemex. Asegura que los campesinos tenían una gran esperanza de que con la planta su vida iba a mejorar porque tendrían trabajo seguro y bien pagado.
“Pero resultó que por compromisos contractuales con el sindicato, la inmensa mayoría de quienes entraron a laborar llegaron de otras regiones petroleras del país como Veracruz, Tabasco y Tamaulipas”.
Afirma que los lugareños se conformaron con actividades secundarias como proveedores de servicios.
“Se acostumbraron a respirar aire contaminado, a ver que las partículas de polvo de la planta pintaban de negro las hojas de sus naranjos y que las aguas negras inadecuadamente tratadas llegaran hasta el río San Juan y las acequias que riegan sus parcelas”, lamenta.
En suma, dice Guerrero Noyola, el saldo global para quienes no dependen directamente de la refinería ha sido negativo en lo económico, en la salud y en lo social por el crecimiento de la inseguridad a raíz de la operación de bandas del crimen organizado que se dedican al robo de combustible.
Operación limitada
Con el objetivo de que el país no dependiera de importaciones de combustibles de Estados Unidos, en 1997 Pemex inició la reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación (SNR), que en el caso de Cadereyta presentó varias irregularidades.
Según información de empresa petrolera, las fallas y retrasos en el proyecto obedecieron a incumplimientos del contrato por parte de la misma empresa pública al no adquirir los derechos de paso, además de que el consorcio Conproca —constituido por las empresas Sunkion (Corea), Siemens y Protexa— utilizó tubería coreana de un espesor inferior al estipulado en el contrato, entre otras anomalías.
Pemex intentó sancionar al consorcio reteniendo un pago de 800 millones de dólares. Las empresas coreanas demandaron a la petrolera ante el Tribunal de Comercio Internacional y lograron que se dictaminara pagar prácticamente el doble, pero fue hasta julio de 2015 que ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio.
Otro caso se presentó en marzo de 2006, cuando se quemó el cable principal de conducción eléctrica. En esa ocasión, Hilario Vega Zamarripa, entonces secretario de Vigilancia de la Sección 49 de Cadereyta, denunció que dicho conductor debería durar 20 años, pero sólo funcionó cinco y había ocasionado que la refinería acumulara 15 días con pérdidas de 5 millones de dólares diarios, porque la planta Catalítica 1 estaba paralizada y la Catalítica 2 operaba al 50%; cada una con capacidad para procesar 65 mil barriles diarios de crudo.
Inseguridad
Entre el 16 y el 21 de mayo de 2007 fueron días álgidos para los empleados de la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, ya que se registró la desaparición de 38 trabajadores petroleros, entre los que estaba el entonces secretario general de la Sección 49 del Sindicato de Pemex, Hilario Vega Zamarripa, su hermano David y el ex alcalde José Luis Lozano.
La secuela de hechos que conmocionaron al municipio inició la noche del 16 de mayo al término de un convivio posterior a una asamblea de la Sección 49, donde se aprobó la respuesta de la empresa a una revisión del contrato colectivo de trabajo.
Hombres fuertemente armados se llevaron esposados a varios trabajadores, entre los que se encontraban Víctor Manuel Mendoza, Jorge Alejandro Hernández y los hermanos David y Félix Sánchez Torres (jubilado). Más tarde sacaron de su casa a David Vega Zamarripa.
Al día siguiente, desde el celular de David Vega, desconocidos llamaron al dirigente sindical, Hilario Vega Zamarripa, para informarle que tenían a su hermano y que si no quería que le mandaran la cabeza, toda su familia debería acudir a negociar con ellos.
El líder sindical acudió solo a la cita con los secuestradores. Lo último que se supo de él es que con permiso de sus captores llamó por teléfono a su hijo Josué Hilario, para decirle que le encargaba a sus padres y a toda su familia e “hiciera caso a todo lo que pidieran estos señores”. Sin embargo, nunca hubo otra llamada.
Familiares y allegados de los Vega Zamarripa sostienen que la desaparición del entonces líder sindical y otros 37 empleados de Pemex podría tener un móvil político dado su perfil contestatario hacia las políticas privatizadoras del entonces gobierno federal y porque le correspondía suceder a Carlos Romero Deschamps al frente del sindicato petrolero.
En esos días de 2007 los petroleros de Nuevo León reclamaron el silencio de Romero Deschamps sobre el caso, pues le recriminaron que en su momento fue ayudado por Hilario Vega para evitar su posible detención cuando fue investigado durante el gobierno de Vicente Fox, por el desvío de recursos hacia la campaña presidencial del PRI (2000) en el llamado Pemexgate. De las 38personas jamás se supo nada más.
Sin embargo, la inseguridad en el municipio sigue latente. Apenas el domingo 10 de marzo se registró una agresión a tiros afuera de la casa del alcalde de Cadereyta, Ernesto Quintanilla Villarreal. Por ello, la semana pasada el edil anunció un reforzamiento en la seguridad con la adquisición de patrullas y motocicletas.
Daño ambiental
El 16 de agosto de 2014, a consecuencia de una toma clandestina, se registró el derrame de 4 mil barriles de petróleo crudo que representó una pérdida para Pemex por 150 millones de pesos.
El hidrocarburo recorrió 11.5 kilómetros de acequias y 6.5 kilómetros del cauce del río San Juan, al tiempo que, según campesinos de la zona, contaminó más de mil 100 hectáreas de cultivos, principalmente cítricos.
Pobladores de los ejidos La Concepción, Molino Viejo, Santa Isabel, La Haciendita y Tepehuaje presentaron una demanda contra la empresa pública por daños que estimaron en 4 mil millones de pesos, sin que hasta la fecha hayan logrado respuesta a sus reclamos.
Los daños ambientales ocasionados por Pemex no se limitan a los accidentes por tomas clandestinas, sino también a los ocasionados por su operación.
Recientemente, el pasado 30 de enero, diputados federales y locales panistas protestaron frente a la refinería, donde acusaron que la planta de Pemex genera 30% de la contaminación que afecta a la zona metropolitana de Monterrey, así como 60% de las partículas inferiores a 2.5 micras, las más dañinas para la salud; todo ello basado en datos de la asociación civil Observatorio del Aire.
