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La Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Capítulo Veracruz, lamentó el uso político que se está dando a la violencia política contra las mujeres en razón de género.
“Es de especial relevancia el uso político que hoy se está dando a este recurso legal, aprobado para proteger a las mujeres víctimas, por quienes ocupan posiciones de poder para limitar, menoscabar y restringir la libertad de expresión”, advirtió la ONG en un pronunciamiento.
Dicha organización recordó que en 2020 fue aprobado el paquete de 8 leyes que en conjunto constituyen el marco legal con el que se brinda protección ante la violencia política contra las mujeres en razón de género.
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Y si bien reconoció que es positivo que cada vez más mujeres funcionarias públicas acuden a denunciar actos que pueden ser constitutivos de violencia política, también destacó como de especial relevancia el uso político que se le está dando.
“No se vive la violencia igual cuando se tienen todos los recursos políticos al alcance, que cuando se está descobijado y es muy difícil acceder al aparato público para actuar ante lo que se considera injusto”, alertó.
La red recordó que los recursos legales por los que las mujeres lucharon son para proteger a las víctimas, no para que desde el poder se les utilice para actuar en contra de quienes al mismo poder les resultan incómodos.
“Seguir por esa ruta, lejos de disminuir la violencia contra las mujeres, generará efectos no deseados en contra de ellas y de toda nuestra sociedad. El patriarcado no nos concede nada. Nos cobra caro por cada paso que damos hacia adelante y hoy, está usando la paridad para infiltrar a sus aliadas y además quiere cobrarnos la factura al censurar, usando para ello un instrumento legal noble, pero utilizado de manera inadecuada, frívola y desnaturalizada”, acusó.
Pidió analizar los casos de Héctor de Mauleón en Tamaulipas, Karla Estrella en Sonora, Ruby Soriano en Puebla o Jorge González en Campeche, donde tienen un común denominador: las mujeres denunciantes están en el poder.
Incluso una de ellas –recordó- la gobernadora de Campeche, cometió el tristemente célebre acto de violentar a legisladoras federales al afirmar que contaba con supuestas imágenes íntimas suyas y amagar con difundirlas, vulnerando su derecho a la privacidad en un acto sin consecuencias, lo que lleva a cuestionar la imparcialidad de quien sanciona.
Mencionaron además el caso de los periodistas veracruzanos Elfego Riveros, Ángel Camarillo e Isabel Ortega, quienes tuvieron que bajar sus notas periodísticas, emitir disculpas públicas y deberán pagar multas por decir lo que el periodismo está obligado a hacer: la verdad.
“No a la censura bajo el argumento de violencia política. Avancemos en derechos, sin perder libertades”, exigió.
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