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Amparos, controversias constitucionales y otros recursos legales no impidieron la toma de protesta como gobernador del morenista Jaime Bonilla Valdez, quien al no hallar el respaldo de los tribunales para ampliar su gobierno de dos a cinco años, siguió el único camino viable: cambiar las leyes.
Inicialmente, en 2018 el Colegio de Abogados Emilio Rabasa impulsó la llamada Ley Bonilla, con el argumento de que era una elección costosa y propuso extenderla y homologar la siguiente con los comicios federales.
Al no tener éxito, la licenciada Blanca Favela, morenista y también esposa del ahora diputado del mismo partido, Víctor Morán, interpuso un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el periodo de dos años y exigió extenderlo. Su petición fue respaldada por los magistrados locales y ordenaron ampliarlo a cinco años. La medida sufrió un revés el 27 de marzo de 2019, cuando el TEPJF dejó sin efecto esa decisión.
El 8 de julio de 2019, el diputado local Víctor Morán presentó una propuesta para cambiar la ley, al eliminar el artículo octavo del decreto 112, que finalmente fue avalado por la bancada panista, que en ese momento tenían mayoría.
Con una nueva Legislatura y una mayoría del partido de Morena, se avaló la Ley Bonilla, pero los diputados retrasaron el proceso para publicar el decreto, y el pasado 13 de octubre organizaron una consulta ciudadana.
Dos días después enviaron al Ejecutivo esa ley, y el 17 de octubre el Periódico Oficial de Baja California publicó la Ley Bonilla, que al final enfrenta distintos recursos legales que buscan frenarla; uno de ellos tiene que ver con que cuatro excandidatos a la gubernatura del estado presentaron amicus curiae (amigos de la Corte) ante la Suprema Corte.
