Pachuca.- Suman 104 millones 741 mil 991 pesos recuperados tras las investigaciones por la llamada “Estafa Siniestra”, en la que estuvieron implicados presidentes municipales y funcionarios de la pasada administración. Ayer, el exalcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo, fue obligado a devolver 25 millones de pesos como reparación del daño.
El exedil se declaró culpable de los delitos de uso ilícito de atribuciones, lo que derivó en un peculado de 60 millones de pesos, recursos que estaban destinados a los afectados por las inundaciones en Tula.
Ante ello, se le fijó la devolución de 25 millones de pesos como parte de la reparación del daño. Además, el imputado renunció a ser juzgado mediante un juicio oral y aceptó el procedimiento abreviado. Durante la audiencia, el juez determinó cuatro años de prisión y el pago de 25 millones de pesos, además de 200 días de multa.
Luego de que la ley permite la conmutación de la pena en caso de que sea menor a cuatro años, el exalcalde obtuvo su libertad una vez que cumplió con el pago por concepto de reparación del daño.
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Con los trabajos de la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo se ha logrado la recuperación de más de 104 millones de pesos. De esta manera, los exfuncionarios han tenido que devolver los recursos desviados.
El exalcalde de Epazoyucan regresó 4 millones 264 mil 734 pesos; Pisaflores, 4 millones 644 mil 133 pesos; Huautla, 2 millones 661 mil 578 pesos; Pachuca, 58 millones de pesos, en tanto que algunos organismos como la Oficialía Mayor devolvieron 9 millones 124 mil 302 pesos. Estos recursos serán destinados a obra pública con visión social.
Hasta el momento, la Procuraduría de Justicia ha vinculado a proceso a 18 funcionarios por su participación en este desfalco, entre los que se incluyen nueve expresidentes municipales, tres directivos de organismos operadores de agua y exservidores públicos del gobierno estatal durante el sexenio de Omar Fayad.
Se han procesado a directivos de organismos de agua y exfuncionarios de la Secretaría de Educación, Oficialía Mayor y Secretaría de Gobierno. Entre estos exfuncionarios se encuentra “A. R. P.” así como “P. M. C”, exsecretario y subsecretario de Educación respectivamente; el Director General del Sistema de Transporte, con tres causas penales, así como la Coordinadora de planeación financiera del Tuzobus y el exdirector general de administración de la Secretaría de gobierno. A.A.M.
También se mantienen vigentes tres órdenes de aprehensión en contra del exsecretario de la Contraloría del Estado, C.R.M.
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