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Tuxtla Gutiérrez.— “Lo que más duele y lastima en Chiapas es la [ausencia de] seguridad”, reconoció Eduardo Ramírez Aguilar (Morena) el 7 de noviembre pasado durante un evento en Comitán de Domínguez.
En ese lugar, al inicio de su campaña por la gubernatura, prometió en un lapso de dos años pacificar la entidad, golpeada desde 2021 por una guerra entre el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación y su filial Cártel Chiapas Guatemala.
Analistas políticos y económicos afirmaron que Ramírez Aguilar, gobernador electo, recibirá “un estado en llamas, con inseguridad y violencia criminal como nunca se había resentido en las recientes décadas”.
Ramírez Aguilar enfrentará una realidad nada favorable. “Recibirá un panorama muy adverso en esta crisis de inseguridad y también por la situación económica”, advirtieron los analistas.
Uno de los temas que el gobernador ha resaltado como prioritario en su administración es el combate a la inseguridad y la violencia criminal en Chiapas. En campaña y encuentros con sectores productivos y ciudadanos, Óscar Eduardo aseguró que “si en un año no se dan resultados, lo he dicho a mi equipo y a la gente que nos ha acompañado, pues simple y sencillamente estaremos reprobados y estaré preparando la revocación de mandato para abrir paso a personas con mayor capacidad”.
Respecto a la situación política y social de Chiapas, el catedrático universitario Jorge Alberto López Arévalo comentó que el problema de la inseguridad en el estado es el más grande de su historia, y hay al menos 25 municipios con problemas graves en este tema.
“Se ha perdido la libertad de movimiento en algunas regiones de Chiapas, como en la frontera y sierra. El problema visto así es muy complicado, y el crimen organizado tiene una base social amplia y control territorial”.
En su opinión, la inseguridad es un problema que no se resolverá en seis años, pero “se debe, al menos, garantizar la libre movilidad de los chiapanecos por todas las carreteras, como lo establece la Constitución”.
El también doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela, España, consideró que otro de los retos que enfrentará el nuevo gobierno será el fenómeno migratorio y las advertencias al respecto del próximo presidente de EU, Donald Trump.
“El tema será un punto de tensión, se obligará a cerrar la frontera sur con la Guardia Nacional. Trump dirá que ha logrado sellar la frontera, pero no se podrá frenar [la migración] porque es un fenómeno muy complejo”, mencionó.
Sobre la inversión productiva para crear empleos, el economista indicó que podría ser una medida efectiva, pero se cuestionó, sobre quién la hará, el gobierno, la iniciativa privada o ambos.
“Sucede que el gobierno tiene una política de austeridad que impide emprender proyectos de inversión de gran envergadura. Los megaproyectos de AMLO [Andrés Manuel López Obrador] rodearon a Chiapas, pero no llegaron aquí y los resultados fueron que la economía de Tabasco y Oaxaca crecieron, pero Chiapas no”, asentó.
En tanto, Gerardo González Figueroa, catedrático de El Colegio de la Frontera Sur, opinó que para hacer frente a la pobreza y la marginación histórica de Chiapas se requieren inversiones con cuentas claras, sustentadas en derechos laborales y no sólo en mano de obra barata.
De acuerdo con el analista, el desarrollo no es crecimiento sino posee mejores condiciones para la población y de parte de los inversionistas. Actualmente, afirmó, se tiene un financiamiento que no es resultado de la inversión, de la creación de empleos ni de salarios dignos.
“Hay remesas en cuantía, dinero de la agenda social del régimen y dinero del narcotráfico. Los problemas más importantes como salud, educación, caminos, infraestructura y alimentación no fueron resueltos, sino que ha sido la propia inercia de una economía relativa y no de cambio estructural”, sostuvo.
Otro pendiente, añadió, es el de los pueblos originarios, sus demandas y necesidades ancestrales que deben pasar por el reconocimiento de su autonomía, abrir canales de diálogo que resuelvan problemas de justicia y participación efectiva.
González Figueroa mencionó que el discurso de Óscar Eduardo Ramírez es contradictorio, porque es producto de una democracia fingida. “Sus compromisos de justicia y pacificación deben ser claros, a partir de su diagnóstico y cómo y de qué manera puede Chiapas pasar a un proceso de paz, con menos inseguridad, más justicia social y respetar las formas disidentes que existen en Chiapas”.
Para Sismondi Esparza, presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Reuniones, el próximo mandatario recibirá un estado con una situación inédita en inseguridad.
“El Chiapas que gobernará Ramírez Aguilar es un estado en llamas con desplazados por la violencia criminal, que no se había tenido desde el estallido armado de 1994 y la matanza de Acteal tres años después”.
No se tenía registro de desplazados como ocurre en Pantelhó, Tila, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, La Concordia, Villaflores, Villacorzo, Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de las Casas y otros. “Eso nunca se había presentado en las últimas décadas”, destacó Esparza Flores.
Afirmó que por la violencia, el sector productivo en su conjunto se ha visto dañado, ya que hay una desaceleración de muchas actividades por ese temor, y que hay lugares donde la gente, a las siete de la noche, cierra sus comercios.
“Las personas ya no circulan por miedo a que les quiten sus mercancías, expresan que están pagando derecho de piso. No sólo el turismo, sino el sector productivo en general”, refirió.
Para el presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Reuniones, el diagnóstico sobre la situación que recibirá el nuevo gobierno no es nada favorable. “Recibe un panorama muy adverso en términos económicos, pero lo más fuerte es esta crisis de inseguridad”.
