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Representantes de 10 organizaciones civiles de Nuevo León expresaron su rechazo para que el procurador General de República , Raúl Cervantes Andrade, sea el nuevo Fiscal de la Nación pues su nombramiento “sería una garantía de impunidad a la clase política que nos gobierna”.
Expusieron que dicho puesto debe ser ocupado por un personaje capaz, honrado, autónomo e independiente de los intereses políticos y económicos “para de una vez por todas terminar con la corrupción e impunidad que permea las estructuras institucionales en México”.
En un llamado de inicio a los legisladores federales por Nuevo León, pero con el propósito de replicar esta acción a todo el país al ponerse en coordinación contra otras organizaciones gubernamentales, señalaron que ningún ciudadano que aspire a ser Fiscal de la Nación debe tener pase automático para tener ese cargo.
“Escuchen nuestra exigencia, Raúl Cervantes Andrade, actual procurador General de la República: está incapacitado para ocupar ese puesto por razones éticas, morales y por salud de la República”, plantearon en rueda de prensa .
Precisaron que el México de nuestros días se distingue por violaciones graves a los derechos humanos, corrupción rampante, crimen organizado y una lacerante impunidad, expresiones del México de la injusticia que tienen como denominador común “la ausencia de una fiscalía autónoma, capaz e independiente que cimente nuestro estado de Derecho”.
En ese contexto, señalaron los activistas ciudadanos, la PGR es uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la procuración de justicia en México, ya que está capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público , al haber sido diseñada “para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, incapaz de cumplir cabalmente su mandato”.
Puntualizaron que la triste actuación de la PGR se constata en las historias de personas agraviadas por la inadecuada investigación de los delitos que suceden todos los días y se cuenta por miles, y también en las conclusiones de innumerables diagnósticos, tanto oficiales como independientes .
Recodaron que en 2012, el entonces titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, expresó que recibía “una institución desmantelada”, y en tal estado “no se puede remozar, sino que se debe transformar en una fiscalía general autónoma capaz e independiente”.
Sin embargo, la autonomía constitucional aprobada en 2014 en el papel, corre el riesgo de ser un simple estatus jurídico si no viene acompañada de una mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva de su gestión y una completa profesionalización del personal.
Y en tanto que el Poder Legislativo está a punto de nombrar al Fiscal de la Nación, con el aval del PRI y sus partidos aliados, y pretenden que el actual procurador Raúl Cervantes para automáticamente o ocupar el nuevo cargo , “nos oponemos tajantemente, porque sería una garantía de impunidad a la clase política gobernante”, comentaron las agrupaciones civiles de Nuevo León.
