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Un año después de haber dejado el gobierno de Nayarit, el ex mandatario Roberto Sandoval Castañeda reapareció públicamente afuera de una iglesia en Tepic, y aseguró que debido al maltrato que recibió en el PRI, tras ser señalado de presunto enriquecimiento ilícito, él y su gente apoyaron a Morena y a Andrés Manuel López Obrador en la pasada elección.
Consideró que el ex dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, fue un cobarde al juzgarlo sin siquiera preguntarle, por lo que espera encontrárselo pronto “sin partidos y de hombre a hombre, porque tengo mucho que decirle”.
Respecto a las investigaciones que se siguen en su contra, Sandoval Castañeda dijo estar tranquilo porque nada se le ha comprobado a pesar de llevar 20 meses bajo investigación.
Consideró que el proceso que se le sigue en el Congreso del estado es sólo un acto político y acuso a quienes lo denunció de tener intereses de partido, pues han participado en política.
El ex mandatario reconoció que dejó una administración con una deuda de 8 mil millones de pesos, como lo ha manifestado el actual gobernador, Antonio Echevarría, pero aseguró que son pasivos que se arrastran desde la administración del también priísta Ney González, quien le heredó una adeudo de 10 mil millones de pesos.
“Yo ya no soy político, ya déjenme en paz, yo no quiero regresar a la política, sigo trabajando todos los días, somos gente de bien”, señaló el ex gobernador, quien aseguró que desde que dejó el cargo el 19 de septiembre de 2017, se ha dedicado a su rancho.
Aunque el 20 de septiembre de ese año se documentó su salida del estado en un vuelo privado, afirmó que siempre ha estado en Tepic, pero procura no aparecer en público y así lo seguirá haciendo.
Finalmente, indicó que confía en que las autoridades pronto esclarezcan el homicidio de su sobrino, Hugo Sánchez Sandoval, asesinado en el libramiento de Tepic la noche del 19 de septiembre del año pasado, unas horas después de que él dejó el cargo.
Sandoval Castañeda fue denunciado por un grupo de ciudadanos y políticos en 2017 ante la PGR y la fiscalía estatal por presunto desvío de recursos de al menos 2 mil 700 millones de pesos, manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.
La PGR sigue integrando el expediente en su contra, mientras que la Fiscalía del estado ha asegurado varias propiedades del ex mandatario y de sus presuntos prestanombres en tanto se continúa la indagatoria.
El Congreso local inició un juicio político contra el ex gobernador y se prevé una posible sanción que lo inhabilitaría durante 12 años.
