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Chilpancingo.— En San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, el miedo sigue enraizado, muchos comercios continúan sin funcionar, las calles están semivacías gran parte del día y las escuelas cerradas.
Ha pasado una semana de la masacre en la que asesinaron al alcalde, el perredista Conrado Mendoza Almeda; a su padre, el exmunícipe Juan Mendoza Acosta, y a 21 personas más; San Miguel Totolapan está sitiado, más de 400 efectivos del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y la Policía Estatal vigilan, pero con todo, los pobladores no se atreven a retomar la cotidianidad.
Hay militares, marinos y policías por donde sea. En el centro, en las entradas, caravanas de sus vehículos recorren el pueblo, pero el miedo está intacto: la mayoría prefiere guardar silencio, porque en silencio se mantienen a salvo. Tras la masacre del pasado miércoles 5 de octubre, cuando un grupo armado atacó el Palacio Municipal y un autolavado donde se reunía el alcalde con gran parte de su equipo de trabajo, se rompió la cotidianidad del pueblo.
Cuando escucharon los balazos, los vecinos corrieron a esconderse, a protegerse de los proyectiles, se encerraron y tras una semana, no se atreven a salir.
El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, confirmó que las escuelas en el municipio siguen cerradas.
¿Hasta cuándo?
En San Miguel Totolapan lo que abunda ahora es la incertidumbre: ¿Cuánto tiempo estarán ahí los policías y los soldados?, ¿quién gobernará el municipio? El alcalde suplente, José Alberto Nava Palacios, estuvo en la reunión esa tarde del 5 de octubre, fue de los pocos que sobrevivió pero está hospitalizado por heridas de bala y se desconoce si asumirá el cargo.
El 5 de octubre, en cuestión de minutos, el gobierno municipal quedó descabezado.
Silencio de las autoridades
La masacre retumbó por todo el país e, incluso, en el extranjero. Acaparó las portadas de los periódicos locales y nacionales, pero a una semana la única certeza es el número de muertos.
Las autoridades están herméticas con este caso. La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado casi nada: se desconocen sus hipótesis, qué líneas de investigación siguen, la forma en que ocurrieron los hechos, los responsables y, sobre todo, el móvil de la masacre.
Lo mismo ocurre con la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, quien en lugar de informar ha preferido guardar silencio. En sus últimos actos públicos su equipo de trabajo la blinda de los reporteros.
Las dos versiones
El vacío informativo de las autoridades lo han aprovechado las organizaciones criminales. A través de videos que suben a redes sociales, dos grupos han dado sus versiones de los hechos.
Un día después de la masacre, un hombre que las autoridades identifican como el presunto líder de La Familia Michoacana, Alfredo Hurtado Olascoaga, alias La Fresa, aseguró que el ataque era en su contra y le habían tendido una trampa.
Su versión dejó muchas dudas. En la calle en la que habría ocurrido “la trampa”, al día siguiente no había evidencia de una refriega. Tampoco había rastro de una camioneta blindada “desbaratada” a la que hizo referencia.
Un reporte de la Mesa Regional de la Coordinación para la Construcción de la Paz, que fue filtrado a los medios, establecía una versión contraria a la de Hurtado Olascoaga.
Según este informe, La Fresa convocó a la reunión y cuando llegó con sus hombres desarmó a los policías y escoltas que acompañaban al alcalde y luego asesinó a todos. Según el reporte, “la trampa” la pudo haber tendido Hurtado Olascoaga.
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