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A nueve años del ataque con granadas en el zócalo de Morelia durante la ceremonia del Grito de Independencia, no hay una información clara del móvil y quiénes fueron los autores intelectuales, además, las tres personas detenidas por los hechos están en libertad y las acusaciones en su contra se han ido diluyendo.
De acuerdo con documentos de constancias judiciales -a los cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL-, se conoce que son cinco los procesados como presuntos responsables del atentado y no tres, como en su momento lo dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR). La investigación también arrojó que uno de los dos testigos protegidos del caso fue ejecutada a tiros y los policías -de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI)- que detuvieron a los tres inculpados, trabajaban para el crimen organizado, hechos que tampoco dio a conocer la PGR.
La noche del lunes 15 de septiembre de 2008, varios sujetos arrojaron contra la multitud una granada de fragmentación en la Plaza Melchor Ocampo frente a Palacio de Gobierno, donde Leonel Godoy -entonces gobernador- lanzaba las arengas tradicionales. En su huida, los atacantes lanzaron un segundo artefacto explosivo frente al Templo de la Merced.
Se pidió a la PGR una entrevista a través de su oficina de prensa, para conocer el avance de las investigaciones y su versión de las presuntas irregularidades que evidencia el expediente de la causa penal 254/2008.V, consultado en el Primer Tribunal Unitario, con sede en Jalisco, pero, no respondieron.
El atentado
El 26 de septiembre del 2008, sólo 11 días después del atentado, la PGR informó de la captura de tres michoacanos presuntamente implicados en el ataque a la población: Alfredo Rosas Elicea, Julio César Mondragón Mendoza y Juan Carlos Castro Galeana, quienes fueron señalados por la autoridad federal como integrantes de Los Zetas.
Dentro del mismo proceso había órdenes de aprehensión en contra de los líderes criminales Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca”, fundador de Los Zetas y Jorge Eduardo Sánchez Costilla “El Coss”, lugarteniente del Cártel del Golfo, inculpados por dos testigos protegidos como quienes ordenaron lanzar las granadas de fragmentación en contra de la población. Sin embargo, ésto lo mantuvo en reserva la PGR.
“El Lazca” fue abatido en 2012 y, un mes antes, “El Coss” fue detenido y se reservó su derecho a declarar en el caso de los atentados terroristas de Morelia, luego de que se le requiriera en el penal del Altiplano donde fue encarcelado por otros cargos. En 2015 lo extraditaron a Estados Unidos.
Según testigos protegidos, la intención de ambos capos era apoderarse del estado para controlar el trasiego de drogas desde Michoacán hasta Río Bravo, Tamaulipas y después pasar la frontera hacia Estados Unidos.
¿Policías o delincuentes?
Hasta el año 2009, un sujeto de nombre clave “Karen” y Adriana Treviño Barrera de nombre clave “Gabriel”, fueron los testigos protegidos en los que la PGR basó parte de sus investigaciones, sobre todo “para identificar a los responsables” de los atentados.
No obstante, meses después de declarar, Adriana Treviño se escapó de la PGR de una casa de seguridad y posteriormente fue encontrada muerta en Río Bravo, Tamaulipas.
Lo anterior fue informado mediante el oficio 6204/2009 de fecha 18 de mayo del 2009, emitido por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la PGR, luego de que “Gabriel” fuera citada a un careo con los tres detenidos.
Otros de los elementos que también revela el expediente es que José Martín Zarza Escamilla, Armando Javier Rojo Aguilar e Ignacio Moreno Aguilar, los policías de la AFI que detuvieron a los tres michoacanos acusados, formaban parte del crimen organizado.
La PGR se opuso a llevar a los uniformados a comparecer; pero el juez de la causa requirió a Wilfrido Robledo Madrid, entonces titular de la AFI, y en el proceso el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que los tres agentes se encontraban presos en el penal federal de Tepic, Nayarit.
A través del oficio CJF/DGEP/05861/2010 el CJF reveló que “después de realizar una minuciosa búsqueda en el registro de captura que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, encontró la causa penal 234/2009, radicada en el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales, en El Rincón, estado de Nayarit, donde se encuentran inculpados los agentes”.
Los detenidos
De acuerdo con el expediente del caso, Raúl Espinoza de los Monteros, abogado de Alfredo Rosas Elicea, acusa al General Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite de fabricar junto con el cártel “La Familia Michoacana” y la PGR la detención de los tres michoacanos inculpados.
Espinoza de los Monteros demostró que sus representado y los otros dos implicados fueron privados de su libertad por delincuentes que no eran agentes de la AFI y obligados a firmar una confesión bajo tortura; además de que probó con testigos y documentos, que los acusados no estuvieron en Morelia el día del atentado.
“Es que hay una bola de mentiras en el procedimiento. La primera es que ellos hayan participado en el evento. A los implicados los pone el crimen organizado, conjuntamente con el Ejército y participa el general Acosta Chaparro en el operativo”, aseguró.
El abogado afirmó en entrevista que como consta en el desarrollo del proceso, hay testigos y documentos que señalan a Acosta Chaparro como quien dirigió la operación y se puso de acuerdo con integrantes de “La Familia Michoacana” para armar todo este operativo y presentar responsables debido a la presión social.
Además, se comprobó que las dos granadas de fragmentación que detonaron los criminales en Morelia pertenecen a un lote de 100 que fue robado por un cabo de infantería de un cuartel militar de Iguala, Guerrero.
Señaló que incluso, de acuerdo a los videos que obran en el expediente, la Policía de Michoacán detuvo a las tres personas que sí participaron en los atentados y las dejaron ir y por el contrario, sus defendidos, quienes se dedicaban al trabajo y a sus hogares; aun así fueron detenidos el 21 de septiembre de 2008 como presuntos responsables materiales de los atentados en Morelia.
Detalló que uno, era trabajador de la construcción (Alfredo Rosas), el otro mecánico (Juan Carlos) y el tercero ingeniero civil (Julio César); todos originarios del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Espinoza de los Monteros detalló que su defendido fue torturado y por la gravedad de las lesiones con las que llegó a la Ciudad de México tuvo que ser traslado a una torre médica. En ese sentido, Espinoza de los Monteros explicó que Rosas Elicea no firmó la declaración porque estaba grave y en la PGR falsificaron la firma en la declaración preparatoria donde supuestamente confesaban su responsabilidad, lo cual probó mediante peritajes.
Otro de ellos, Julio César Mondragón Mendoza, fue señalado como quien lanzó la granada de fragmentación hacia la población desde arriba de un árbol de la plaza Melchor Ocampo, lo cual no pudo ser, ya que ésta persona padeció poliomielitis y era imposible si quiera que pudiera subir a las jardineras.
Aseveró que el conjunto de irregularidades en las investigaciones, la siembra de pruebas de la PGR, y todos los elementos antes señalados del expediente, permitieron que a través de un amparo, el abogado lograra que los tres implicados pudieran enfrentar el resto de su proceso en libertad condicional.
El 27 de mayo del 2015, los detenidos fueron absueltos de tres de los seis delitos que se les imputaban: delincuencia organizada con la finalidad de cometer terrorismo, terrorismo y delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Los cargos por los que todavía se les acusan son: delitos de Homicidio Agravado, Posesión de granadas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como Lesiones calificadas.
Sin embargo, el 30 de enero de 2016, fueron dejados en libertad bajo caución, luego de que la defensa confirmara en una segunda instancia que habían sido torturados para declararse culpables y la “siembra de pruebas” en su contra a manos de la PGR.
No obstante, la PGR no solo los implicó y encarceló por siete años, sino que también, los evidenció públicamente en al menos dos ocasiones: una cuando fueron presentados como implicados en el caso y apenas en el 2016, cuando a pesar de que se les había otorgado un amparo, publicó espectaculares donde ofrecían recompensa de 1.5 millones de pesos para su recaptura.
Ahora, indicó Espinosa de los Monteros, adelantó que van a esperar a que el magistrado del Primer Tribunal Unitario con sede en el estado de Jalisco, resuelva si concederá a la PGR la reposición del proceso o confirmará su libertad bajo caución.
Por lo pronto este próximo 22 de septiembre, están citadas las partes para que se lleve a cabo la audiencia en la primera instancia, en torno a la solicitud que ha hecho la PGR, pese a que poco a poco le han echado abajo sus elementos de prueba e investigaciones.
