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Es un nuevo escándalo que sacude a México: en el estado de Jalisco apareció abandonado un tráiler refrigerado con más de 157 cadáveres no reclamados.
La morgue errante desató controversia en los medios y una crisis en el gobierno local.
Este incidente es una consecuencia poco conocida de la ola de violencia que vive el país, coinciden especialistas.
Jalisco, por ejemplo, ubicado en el occidente de México, padece desde hace meses una guerra por el control del mercado de drogas, robo de combustible, extorsión y secuestro.
Es la misma situación que se da en extensas zonas del país y que provoca un aumento en el número de homicidios violentos. Los cadáveres rebasan la capacidad de las morgues en algunas ciudades.
“Es una violencia atípica y sin precedentes en el país”, le dice a BBC Mundo Francisco Jiménez Reynoso, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
“Las autoridades no tomaron las medidas para atender con antelación la inseguridad que trae como consecuencia la comisión de homicidios. Las autoridades están rebasadas”.
"Violencia homicida"
El año pasado fue el más violento en la historia reciente del país, pues se registraron más de 31,000 homicidios, según el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
El 68% de los crímenes se cometieron con arma de fuego, y según especialistas, en muchos casos se vincularon con la delincuencia organizada.
Para este 2018, el país se encamina por la misma senda. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hasta julio pasado se habían cometido más de 16.000 asesinatos.
Analistas como Alejandro Hope ven posible que al concluir el año se registre una nueva cifra récord en la violencia.
“Espanta el nivel de violencia homicida, pero asusta más la tendencia”, señala el especialista.
Tras estos números hay varias razones. Desde hace un par de años en algunos estados como Veracruz, Puebla o Guanajuato aumentó la inseguridad por la operación de bandas que roban combustible.
Los grupos se disputan el control de los mercados locales y eso provoca un mayor número de homicidios. Se nota en las estadísticas.
“Existe una correlación interesante” le dice a BBC Mundo Gustavo Mohar, exsecretario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de inteligencia civil del gobierno.
“Cuando se comparan las gráficas del crecimiento de la violencia en México con las del aumento de las tomas clandestinas (de combustible) se nota que van al parejo”.
Lo mismo sucede con los carteles que luchan por el control del narcotráfico en varias zonas del país.
Acumulación de cadáveres
El resultado es una acumulación de cadáveres en las morgues, porque muchos no son reclamados por sus familiares.
En lugares como Acapulco, en el estado de Guerrero, en el sur del país, los refrigeradores para conservar los cadáveres son insuficientes.
Decenas permanecen dentro de bolsas en los pasillos.
Lo mismo sucede en Chilpancingo, la capital del estado. Hace unos meses los trabajadores suspendieron sus labores como protesta por el hedor y la insalubridad por la descomposición de cadáveres.
Allí tampoco existen espacios suficientes para conservar los cuerpos.
El caso más reciente ocurrió en Jalisco, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) contrató dos tráileres refrigerados para almacenar los cuerpos que no cupieron en sus instalaciones.
Uno de ellos es la morgue itinerante que peregrinó por distintas colonias de la capital del estado.
El inesperado efecto de la ley
Pero además de la ola de violencia hay otra razón para la acumulación de cuerpos.
Desde 2016 el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a conservar los cuerpos y restos humanos vinculados con algún delito.
Lo mismo establece la Ley General contra la Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y el Mecanismo Nacional de Búsqueda.
Con la primera ley se pretendió abatir el nivel de impunidad en los homicidios, que supera el 97%. En muchos casos las investigaciones no prosperaron porque los cadáveres fueron incinerados.
El objetivo de la segunda legislación es facilitar la localización de personas desaparecidas, que según organizaciones civiles son más de 30,000.
En algunas regiones la cantidad de personas asesinadas rebasa la capacidad de autoridades para conservar los cuerpos.
“Los datos y evidencias de pruebas no pueden destruirse en tanto no concluya la investigación”, le dice a BBC Mundo Javier Perlasca Chávez, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
“Lamentablemente los cuerpos y restos humanos forman parte de las evidencias y datos de prueba en el delito de homicidio, entre otros”.
Eso ocurrió con la morgue móvil. El IJCF tiene espacio para conservar 72 cuerpos, pero con la reciente ola de violencia la cantidad se multiplicó.
Por eso contrataron dos contenedores refrigerados para guardar los cadáveres, que suman más de 500 en total.
Alguien, sin embargo, decidió mover uno de ellos, lo que generó las denuncias de los veciones afectados por el olor que salía del vehículo.
“No es aceptable”, reconoce el visitador de la CEDHJ.
“Es una falta de respeto a la dignidad de personas en esa situación y de sus familiares”.
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