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Cancún.- Desde Chetumal, capital de Quintana Roo , colectivas feministas que mantienen tomada la sede del Congreso local, llamaron a replicar la medida en todos los recintos legislativos del país, en demanda por la despenalización del aborto en México .
“Educación sexual para decidir; anticonceptivos para no abortar; aborto, legal, seguro y gratuito para no morir. Queremos aborto legal, no obligatorio (…) la maternidad será legal o no será”, expresaron en un video desde el vestíbulo del Congreso estatal, recinto tomado el 27 de noviembre pasado.
Vestidas de negro, con el rostro cubierto y teniendo como fondo los murales históricos pintados por el artista Elio Carmichael, que mantienen intactos como evidencia de que “no sólo buscamos rayar paredes”, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) lanzó un video convocando a la toma pacífica de los Congresos de otras entidades.
“Vivimos en un estado patriarcal, opresor, violador, feminicida, misógino, que violenta derechos humanos. Necesitamos resistir, juntas, por eso hacemos este llamado a ti, hermana, para acuerparnos en la toma de los Congresos por la despenalización del aborto”, exhortaron, al mostrar su pañuelo verde y agregar que “es momento de hacerlo valer”.
En paralelo, colectivas de la misma Red lanzaron una petición en change.org para sumar firmas en apoyo a “la resistencia pacífica” en la toma del Congreso quintanarroense y la solicitud de “acciones urgentes para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el estado”.
La exigencia -señalan- es que después de tres años, se dictaminen las iniciativas de ley que proponen modificaciones al marco legal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
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Concretamente, se refieren a que se dictamine y someta a votación del pleno la iniciativa presentada por el diputado José Luis Guillén, ingresada en este año.
Guillén López preside la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos y su iniciativa propone reformas a los artículos 92, 93, 94 y las fracciones II y III del artículo 97, contenidos en el Capítulo III, denominado Aborto, en el Código Penal del estado.
De concretarse estas reformas, se permitiría la interrupción del embarazo antes o hasta las 12 semanas de gestación, sin ser castigado; se penalizaría con tres a ocho años de cárcel el aborto forzado, es decir, cuando se obligue a la mujer a suspender su embarazo en cualquier momento de la gestación y si hubiese violencia de por medio la pena subiría de cuatro a nueve años, por ejemplo.
También se reformaría la penalización para mujeres que se procuren un aborto o para quienes las hagan abortar, después de las 12 semanas, con seis meses a dos años de prisión o de 180 a 730 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
Además, agrega como parte de una de las causales para no penalizar la suspensión del embarazo, cuando se trate de una inseminación artificial no consentida o que en caso de violación, no se requiera que ésta sea denunciada, sino el simple dicho de la víctima, bajo protesta de decir verdad.
En otra de las causales vigentes para no castigar el aborto, determina que a juicio de un médico -y no de dos- se puede suspender el embarazo cuando existan razones suficientes para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.
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En los casos contemplados en las fracciones II, III y IV los médicos estarían obligados a proporcionar a la mujer embarazada información “objetiva, veraz, suficiente y oportuna” sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de abortar o no, de manera libre, informada y responsable.
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