Juchitán de Zaragoza.— Para algunas organizaciones sociales, como la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la reforma eléctrica que busca el gobierno federal es “sorda y no promueve el bienestar” de los pueblos indígenas.
Desde su visión, esta reforma mantiene el aprovechamiento de la energía que se genera en los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec en beneficio de más de 500 empresas privadas.
En realidad, dicen que sólo cambia que es el Estado el que controla esa energía, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero los que pueden acceder a ella son los que más tienen.
Mario Quintero, uno de los integrantes de la asamblea, señala que la batalla campal que se disputa actualmente en torno a la reforma eléctrica sólo es entre las empresas privadas que defienden sus inversiones y sus subsidios y el Estado, desde un discurso nacionalista de la soberanía energética.
La organización, que tiene presencia en varias comunidades del Istmo, considera preocupante el hecho de que en la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se toque el tema del despojo a los pueblos indígenas, pero sí se habla de que la generación de energía es un asunto de interés de seguridad nacional que debe defenderse.
Tampoco se habla, insisten, de que los pueblos y comunidades tengan acceso a la interconexión e infraestructura de la CFE, con la cual sean capaces de generar su propia energía renovable y comunitaria.
“Las empresas privadas pelean no perder sus beneficios, que por muchos años han gozado con la complacencia del gobierno; ahora la CFE potencializará su control, una CFE que favoreció el despojo a los pueblos, que hostiga y criminaliza a los que defienden el territorio, una CFE que apoyó a cientos de empresas y que ahora les quiere arrancar el control.
“No busca desaparecerlos, ahora los va a subcontratar, pero seguirán allí, aprovechando la energía, pero bajo los términos del Estado”, argumentó.
Incluso, en tiempos difíciles, como durante las crisis causadas por el terremoto de 2017 y la pandemia de Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad no redujo sus tarifas a los afectados.
Y es que en la región del Istmo de Tehuantepec, más de 500 empresas se benefician de 22 parques eólicos bajo el régimen de autoabastecimiento.
Entre ellas están Walmart, Suburbia, Soriana, Cementos Apasco, Kimberly Clark de México, Procter & Gamble, Nissan, Cemex, Barilla México, Grupo Búfalo, así como la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
También están las tiendas Chedrahui, Comercial Mexicana, Oxxo, Sabritas, Maizoro, Cemento Moctezuma, Jugos del Valle, Nestlé México, Gerber, BBVA, Home Depot, Telmex, Cervecería del Trópico, Costco, Comercializadora Pepsico México, Evenflo, Mabe México, Lincoln Electric Manufactura, Porcelanite Lamosa y Cervecería Modelo, entre otras tantas.
Muchas de estas empresas que se benefician de la energía que es generada en más de mil 500 aerogeneradores en los parques repiten como socios hasta en tres eólicas, con un periodo de explotación indefinido.
Estos parques son propiedad de Iberdrola Energía Renovable, Acciona Energía, Eléctrica del Valle, Peñoles, Enel México, Eólica del Sur, Energías Ambientales de Oaxaca, Desarrollos Eólicos Mexicanos, Cisa-Gamesa, Eoliatec del Istmo, Gas Natural Fenosa y Zuma Energía.
Esto, de acuerdo con una revisión que EL UNIVERSAL realizó de 22 títulos de permisos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó para el aprovechamiento del viento desde 1998 a 2017.
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