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Oaxaca de Juárez.– El Gobierno de Oaxaca publicó en el Periódico Oficial del Estado las reformas realizadas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (LIPEEO) por la 65 Legislatura del Congreso local, con las cuales aplaza de manera indefinida la obligatoriedad de la paridad de género en los 417 ayuntamientos que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.
Con esta publicación entran en vigor las reformas a las disposiciones en materia de paridad y prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género.
En el año 2020, la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca publicó el decreto número 1511 en el que establece – el artículo tercero transitorio – la obligación de los ayuntamientos que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas de tener cabildos paritarios a partir del año 2023.
Sin embargo, por mayoría de votos la actual legislatura aprobó reformar el tercero transitorio del decreto 1511 y con ello, diversas disposiciones de la LIPEEO. Con esta nueva reforma, se estableció que la paridad en Sistemas Normativos Internos o Indígenas, será gradual, por lo que se quita el plazo obligatorio de 2023.
Tras la publicación, la Red Nacional de Abogadas Indígenas reclamó al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat , la publicación de esta reforma. Esto, porque solicitaron al mandatario vetar las modificaciones al decreto y a la LIPEEO por considerarlas un retroceso y una violación a los derechos políticos de las mujeres.
“Condenamos el actuar misógino y señalamos el pacto patriarcal de Alejandro Murat Hinojosa al no vetar y por el contrario, publicar la reforma... Las mujeres indígenas esperábamos dieras por lo menos una señal de reconocimiento y respeto a los derechos de las mujeres y volviste a fallar como fue en todo tu sexenio”, reclamaron.
Según la Red, el gobierno de Oaxaca ahora no sólo es cómplice de 710 asesinatos de mujeres durante este sexenio, sino que también es cómplice del retroceso de los derechos políticos de las mujeres indígenas.
Finalmente, hizo un llamado a los organismos defensores de derechos humanos tanto estatal como nacional para que interpongan las acciones legales correspondientes.
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afcl