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Cuernavaca.- Reporteros de Morelos presentaron su propuesta rumbo al diálogo para impulsar una iniciativa de Ley general de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual incluye crear una ley específica para la protección de las y los periodistas , y otra relativa a la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos , porque la legislación tiene que ser acorde a la necesidad de cada sector.
También consideraron necesario prever en la ley sanciones administrativas y penales en contra de servidores públicos y particulares que ejerzan algún tipo de amenaza o agresión para inhibir la práctica periodística y la libertad de expresión, con el fin de remontar los altos índices de impunidad en los casos de periodistas víctimas.
Los reporteros informaron que el foro se realizará en esta ciudad el jueves y viernes de esta semana, organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
En su propuesta plantean incluir en el mecanismo federal al menos a un representante de los mecanismos locales, con voz y voto, y establecer la obligación de realizar conversatorios de manera periódica entre el mecanismo federal y los mecanismos locales para generar un diagnóstico actualizado de lo que ocurre en todo el país.
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Además, consideran necesario prever en la ley la creación de uno o varios albergues dignos para periodistas en los que se pueda dar resguardo a reporteras, reporteros y sus familias en los casos que requieren ser extraídos de sus estados, por estar en riesgo su integridad física.
“Garantizar recursos materiales, económicos y humanos que puedan utilizarse de manera inmediata en situaciones de emergencia para poner a resguardo a periodistas en peligro; fortalecer a los mecanismos estatales y establecer la facultad de atracción del mecanismo federal sobre casos en los que el o los agresores pertenezcan a instituciones vinculadas al mecanismo y las acciones de protección de periodistas”, sostuvieron.
También proponen establecer la obligatoriedad para que servidores públicos, especialmente los que son identificados como principales agresores, sean sometidos a cursos de capacitación y sensibilización sobre libertad de expresión y ejercicio periodístico.
Y otra de las propuestas es capacitar y especializar en defensa de la libertad de expresión a los servidores públicos que forman parte de todo el andamiaje institucional de los mecanismos de protección con el propósito de contar, por ejemplo, con jueces, ministerios públicos, policías y hasta secretarios de despacho debidamente instruidos sobre temas de libertad de expresión y ejercicio periodístico.
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