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La pandemia de Covid-19 que golpea a Oaxaca y a todo el país ha hecho evidente que es indispensable generar nuevos hábitos alimenticios que permitan tener una vida más saludable, sustentable y digna, por lo que la prohibición de venta directa de productos chatarra a menores de edad reivindica precisamente ese derecho, el de una alimentación digna, asegura Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ( DDHPO ).
De acuerdo con el defensor, la reforma al artículo 20 Bis de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, aprobada por los diputados de la 64 Legislatura el miércoles pasado, mediante la cual se prohíbe la venta, regalo, distribución o promoción de productos no saludables a menores de edad, representa una reivindicación del derecho humano a la alimentación.
Este derecho humano es interdependiente de otros como el de la salud, la educación y la vida, recordó Rodríguez Alamilla, quién además reconoció la labor efectuada por los diputados oaxaqueños, ya que la modificación a la ley pugna por una alimentación digna y antepone el interés superior de la infancia.
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“Durante décadas en México, el excesivo consumo de productos con altos contenidos calóricos, como los refrescos y productos no saludables, ha generado graves problemas de salud pública y de enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad”, explicó el titular.
No obstante, puntualizó que lo aprobado por el Congreso de Oaxaca sólo es un primer paso, pues la ley debe acompañarse de aspectos educativos, que permitirán generar mejores hábitos alimenticios.
“Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos deben ser escuchados sobre sus propias problemáticas y planteamientos de solución en la creación de políticas públicas para diversificar los enfoques y no solo quedarse con el adultocentrista”, abundó.
El defensor reconoció que la coyuntura histórica de la pandemia representa retos importantes en materia de salud, educación, derechos humanos, economía y trabajo, también brinda la oportunidad de construir una sociedad más justa, solidaria y sustentable.
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Para el ómbudsman, se vive un momento crucial para replantear las maneras se alimentación , no sólo en el plano individual sino también en el colectivo, pues la obesidad es un problema de salud pública y existe la obligación de atenderla de manera inmediata.
“Las decisiones que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia determinarán cómo será el mundo en el futuro inmediato, por ello es fundamental poner a los derechos humanos en el centro de cada una de esas decisiones y el derecho humano a la alimentación requiere construir esa nueva realidad. Así de grande es el desafío, así de grande tiene que ser la respuesta”, apuntó.
Rodríguez Alamilla recordó la existencia de instrumentos internacionales que señalan que las empresas deben respetar los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación, entre ellos, los “ Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos ”.
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