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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ) con apoyo de elementos de la Policía Federal adscritos al Estado de México aseguraron un cargamento con cinco cajas de cartón que contenían 10 ejemplares de guacamaya verde (ara militaris).
Mediante una revisión realizada por parte de los federales, se localizó a las aves en la parte baja del autobús de pasajeros de la línea Primera Plus con número Eco. 6463, el cual fue revisado en el kilómetro 107 de la Carretera Federal Atlacomulco – Maravatío, que provenía del puerto de Mazatlán, Sinaloa.
Las cajas de cartón, en cuyo interior existían dos ejemplares por cada una de ellas, estaban selladas con cinta canela, por lo que se procedió a tomar como medida el aseguramiento precautorio de las aves, mismas que fueron trasladadas a las instalaciones de esta Procuraduría.
En un comunicado, la Profepa señaló que los ejemplares fueron revisados y después de su valoración física y de salud, con base en los protocolos para el manejo de la especie fueron llevadas a una unidad de manejo de vida silvestre registrada como “El Potrillo” , ubicado en el municipio de Donato Guerra, Estado de México, donde cuentan con los medios para su cuidado y manutención.
De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), aquella persona que realice este tipo de conductas podría recibir una sanción que va desde una amonestación, una multa equivalente de 50 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización, el decomiso de ejemplares y pago de gastos al depositario de ejemplares.
Asimismo, el Código Penal Federal establece que cualquier actividad con fines de tráfico, posesión y transporte de algún ejemplar de una especie de fauna silvestres, considerada en peligro de extinción o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, puede ser sujeto a una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa.
La extracción del medio silvestre
de estas especies de guacamayas se encuentra prohibida en el país desde el año 2008.
A partir de abril del 2017, el tráfico de vida silvestre puede ser investigado por el ministerio público federal y sancionado como delito de delincuencia organizada, por lo cual, la autoridad ambiental interpondrá la denuncia penal a fin de abrir la investigación correspondiente.
irr
