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Cancún.- El Ayuntamiento de Solidaridad presentó una apelación en contra de la modificación de medidas cautelares dictadas por un juez de control a favor del excandidato a la gubernatura de Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante , cambio que le permite llevar su proceso en dos causas penales distintas, desde su casa, bajo arresto domiciliario, portando un brazalete electrónico.
El sábado pasado, el juez Manuel David Montoya Absalon, en dos audiencias diferentes, aceptó la petición hecha por la defensa del también exalcalde del municipio de Solidaridad, con base en los resultados de un dictamen de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública del estado .
La UMECA es la responsable de realizar -a petición del Ministerio Público o de la defensa- un perfil de la persona imputada, atendiendo a la información de su entorno socioeconómico, antecedentes procesales y comportamiento para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad y el proceso, además de supervisar el debido cumplimiento de las medidas.
Esta Unidad, creada durante la administración del actual gobernador Carlos Joaquín González , redujo de “alto a mediano” el nivel de riesgo para que Góngora se substraiga de la justicia.
La propia Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el ayuntamiento habrían acreditado que, debido a los montos relacionados con los delitos imputados, el riesgo es alto, lo cual intentaron defender, sin éxito, en las audiencias del sábado pasado, narró el síndico Omar Sánchez Cutis.
“Nosotros ya metimos la apelación, ayer a las 16:55 horas, ante el Juzgado, porque queremos justicia para las y los solidarenses. No justicia a medias. Justicia completa, sin privilegios y que todos pasen por el proceso que les corresponde”, dijo el funcionario.
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Sánchez Cutis aclaró que, aunque él no acudió a las audiencias celebradas el sábado pasado, como lo mencionó la fiscal Anticorrupción, Rosalba Villanueva, el ayuntamiento y la sindicatura a su cargo estuvieron debidamente representadas a través de Gloria Chan, encargada de los asuntos penales de la Sindicatura, quien se inconformó ante la decisión del juez.
“Hay cosas que nos llamaron mucho la atención. Fueron dos audiencias para atender las carpetas 227 y 229 del 2017, pero lo extraño es que en las dos fue el mismo juez.
“Por otro lado, él basó su decisión en el dictamen de la UMECA, que cambió el nivel de riesgo, de alto a mediano y determinó que, para él, era suficiente mantenerlo (a Góngora) en arraigo domiciliario. Esta unidad administrativa depende de Seguridad Pública del estado. Se me hace extraño que el propio estado facilitara la modificación y más extraño que el juez lo tomara en cuenta. Consultando con los fiscales, esto es totalmente atípico, porque generalmente no se toma en cuenta”, expresó.
El funcionario dijo que ayer vencía el plazo para inconformarse con la medida del juez, por lo cual los abogados especializados en litigio que integran la Sindicatura, trabajaron a marchas forzadas para presentar el recurso de apelación.
“Creemos que el juez debió tomar en cuenta que con los más de 300 millones de pesos que suman los delitos contenidos en las carpetas administrativas, hay posibilidad de sustraerse”, manifestó.
El entrevistado informó que también el ex tesorero de Solidaridad, Gabriel Castro Cárdenas, está solicitando acogerse al beneficio de oportunidad, ofreciendo reparar el daño causado al erario municipal.
“Hoy vence el plazo para que definamos si aceptamos o no y te adelanto que vamos por la negativa. En Solidaridad estamos pidiendo justicia hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
Añadió que ha recibido diversas “llamaditas”, intentando convencerlo de que no siga los casos, pero atajó: “Que no se engañen. No venimos a solapar, ni a negociar la justicia”.
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