Juchitán de Zaragoza.— El gobierno mexicano invitó a 68 pueblos indígenas y a la comunidad afromexicana a participar en 51 foros que se realizarán en el país del 21 de junio al 28 de julio, con el propósito de que aporten propuestas para elaborar la Ley de Consultas Indígenas, que deberá estar lista como iniciativa en septiembre de este año.

Según la convocatoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), podrán participar en los 16 temas que deberán ser incorporados a la reforma constitucional como: Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos; Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, Consulta libre, previa e informada, entre otros.

El director del INPI, Adelfo Regino Montes, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que garantizarán que todas las autoridades participen con absoluta libertad en los 51 foros.

Actualmente, admitió, no hay un marco constitucional para la realización de consultas a los pueblos indígenas sobre los megaproyectos de desarrollo; sin embargo, acotó, las consultas realizadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han apegados a los protocolos que México ha suscrito, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La convocatoria invita a autoridades municipales indígenas y comunitarias que, dependiendo de la entidad, pueden ser: delegados, agentes, comisarios, jefes de tenencia, autoridades de paraje, ayudantías.

Así como autoridades tradicionales, agrarias indígenas y afromexicanas (comunales y ejidales); organizaciones y ciudadanos pertenecientes a los pueblos originarios; así como instituciones académicas.

Una vez que concluya la consulta nacional se realizará un foro central en la Ciudad de México del 7 al 9 de agosto. “La idea es que tengamos una iniciativa de ley una vez que los diputados federales reanuden sus actividades en septiembre”, señaló.

El vacío constitucional ha provocado rechazo de las comunidades a diversos proyectos del nuevo gobierno. En Oaxaca se han levantado voces en contra del plan transístmico que, a mano alzada, obtuvo en Juchitán el “permiso” para avanzar con el plan de unir por ferrocarril los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz.

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