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La Paz, 20 de marzo.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, vetó la reforma a los artículos del Código Civil que permitían la adopción homoparental en la entidad.
La diputada María Luisa Trejo Trejo Piñuelas, presidenta de la mesa directiva del periodo en el Congreso local, señaló que el Ejecutivo informó que se vetó el decreto 3023 que contenía las reformas a los artículos 59 y 66, 67, 68, 69, 73, 85, 88 y 243 del Código Civil de Baja California Sur que trata sobre la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, cuyas modificaciones se aprobaron en noviembre de 2022.
Declaró que se argumentó que debería revisarse de nueva cuenta el procedimiento administrativo para que las reformas fueran analizadas y dictaminadas por la comisión de Salud y Familia, Niños y Niñas Adolescentes y de Equidad de Género.
“El veto es porque la comisión que dictaminó no era la indicada, más que nada por eso es el veto. Se tendría que mandar a las otras comisiones que sí son competentes”, dijo a medios.
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Sin embargo, según el documento enviado también por el Ejecutivo, se refiere que desde su perspectiva, “la redacción del dictamen no abarca todos los tipos de familias que hay” y de no revisarse podría caer en discriminación con la redacción planteada.
Llamó la atención que el área jurídica del Ejecutivo también argumentó que no se elaboró el impacto presupuestal.
En noviembre del 2022 este punto fue incluido de último momento durante la discusión de diversas reformas en materia del código civil en una iniciativa presentada por el diputado petista, Luis Armando Díaz.
En el dictamen de la iniciativa se indicó que con la inclusión de la adopción homoparental se buscaba armonizar la ley local a “estándares progresistas” ya marcados en la Constitución y hacer más flexible este ejercicio y trámite.
En aquel momento también se hizo referencia a los criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que consideran que la orientación sexual de una persona o pareja que pretenda adoptar no puede ser considerada un elemento que se contraponga al interés superior de la niñez.
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En los argumentos que envió el Ejecutivo al Congreso se remarca que el dictamen “no observó lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establecen que la mesa directiva deberá cuidar la efectividad del trabajo legislativo … y cuidar que las comisiones permanentes o las especiales cumplan oportunamente con sus respectivos encargos”.
Recalcó que no se incluyeron las comisiones implicadas en el tema y que “tienen mayor compatibilidad” con el tema en cuestión, como son de la Salud, la Familia, Asistencia Pública, Comisión de Igualdad de Género, y la de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Según el trámite, la iniciativa será enviada nuevamente a la Comisión permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia que deberá analizar las observaciones y alistar un nuevo dictamen.
Hace poco más de un año, en el contexto de la aprobación de la reforma, la mayoría de Morena y aliados en el Congreso, así como los colectivos de la diversidad sexual, celebraron lo que consideraron un avance legislativo. Nunca se informó ni se consideró el tema del trámite legislativo en otras comisiones, ni el "impacto presupuestal" de las reformas que hoy advierte el mandatario Castro Cosío, quien públicamente ha manifestado su apoyo a los colectivos de la diversidad sexual.
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