Colima.- Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres

en Colima exigieron que el presidente municipal de Armería , Salvador Bueno Arceo , emanado de Morena, solicite licencia al cargo en tanto se investiga la agresión que presuntamente cometió contra su esposa el pasado 10 de junio.

De forma extraoficial se ha dicho que la pareja del edil se desistió ya de la denuncia que interpuso y por la que se emitió una orden de restricción en contra de Bueno Arceo; sin embargo, representantes del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” A.C (CAM) y de la Fundación Ius Género A.C , señalaron que, aunque eso sea real, la Fiscalía del estado debe continuar con la investigación en contra del político.

Recordaron que el delito de violencia intrafamiliar se debe perseguir por oficio y por ello la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas debe continuar con la carpeta de investigación y agotar todos los datos de prueba.

Las organizaciones señalaron que los hechos fueron de dominio público y se cometieron con un arma de fuego, pues según la denuncia presentada por la pareja del edil, durante una discusión éste la golpeó en la cabeza con la cacha de una pistola y antes con el puño en el rostro.

CAM e Ius Género emitieron un comunicado conjunto en el que consideran que si la Fiscalía de Colima abandona el caso y lo lo sigue de oficio, estará mandando un mensaje de impunidad para quien cometa delitos en contra de las mujeres en el estado.

Además, consideraron que el agente del Ministerio Público que recibió la denuncia y emitió las medidas de protección fue omiso al no prohibir al denunciado acercarse o comunicarse con la víctima, limitar su aproximación al domicilio de ésta y separarlo del domicilio de la denunciante.

Consideraron que esto provocó, tal vez, que el edil aprovechara la situación de vulnerabilidad de su esposa y la presionara a través de terceros para convencerla de desistirse de la denuncia.

Señalaron que en caso de que en realidad exista un desistimiento, éste no implica que el delito deje de perseguirse, sino que sólo tiene efectos para la exigencia de la reparación del daño.

afcl

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