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Guadalajara.— El gobierno de Jalisco debe dar con los responsables de las incineraciones de miles de cuerpos no identificados que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, en la presentación de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Además, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) demanda la intervención de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pues considera que la actual administración estatal, encabezada por Enrique Alfaro Ramírez, ha dado muestras de “apostar a la impunidad” y querer dar carpetazo al asunto.
Ana Karolina Chimiak, coordinadora del área de Incidencia de Cepad, recordó: “En 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio por la cremación de cuerpos y en 2017 determinó que no se detectaron violaciones a las garantías”; lo mismo ocurrió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en 2016 recibió una queja por este caso y resolvió que no existía materia.
“Puesto que no vemos posibilidades de alcanzar justicia a nivel estatal y nacional, pedimos la intervención internacional y por eso decidimos presentar este informe-caso a Jan Jarab, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para poder generar algunas acciones que detonen los procesos de justicia y verdad”, señaló.
La intervención internacional solicitada implicaría la emisión de recomendaciones para el Estado y la posible creación de un mecanismo para revisar toda la documentación que tiene que ver con los cuerpos incinerados, pues se supone que de algunos hay fotos, necropsias u otros documentos de apoyo para la identificación, aunque no se cuente con pruebas de ADN. Incluso, se plantea la revisión de las cenizas para ver si se preserva algún elemento, como dientes o huesos, de los que se podría extraer información genética.
El gobierno de Jalisco anunció que durante la semana pasada presentaría su estrategia para combatir y castigar la desaparición de personas, pero no ocurrió; EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con el coordinador del gabinete de seguridad de Jalisco, pero no respondió.
Los casos. El 14 de enero pasado, EL UNIVERSAL publicó que el coordinador del gabinete de Seguridad del gobierno de Jalisco, Macedonio Tamez, reconoció que cientos de los cuerpos incinerados por el IJCF entre 1997 y 2015 nunca podrán ser reconocidos por el mal manejo de cuerpos y la falta de prubas periciales y de ADN que puedan dar certezas sobre su identidad.
A través de solicitudes de información, el IJCF informó que en ese periodo se cremaron los cuerpos de 2 mil 755 personas, de los que 533 fueron incinerados entre 2013 y 2015, cunado había entrado en vigor la Ley General de Víctimas, que en su artículo 21 prohíbe la incineración de cuerpos sin identificar.
La semana pasada, Cepad presentó el informe Incineración de cuerpos en Jalisco, Crímenes sin justicia, en el que documenta que entre 2006 y 2015 el IJCF cremó los cuerpos de mil 560 personas, a 90% no se les practicaron pruebas periciales ni de ADN para su identificación. La organización denunció que se solicitó la información desde 1997 para corroborar las cifras publicadas por EL UNIVERSAL, pero el IJCF respondió que ya no cuenta con datos de antes de 2006.
