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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano informe sobre las medidas asumidas por el caso de los tzotziles desplazados en Chalchihuitán a causa del conflicto de límites con Chenalhó , indicó Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
El activista dijo que la solicitud al gobierno de México deriva del requerimiento que el Frayba realizó a la CIDH el pasado 27 de noviembre para que se establecieran, con carácter de urgente, las medidas cautelares necesarias y pertinentes para respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó.
De manera simultánea, la CIDH pidió al Frayba un informe que aporte mayor información sobre la violencia y la situación de los desplazados que se encuentran fuera de sus viviendas desde hace más de un mes.
Faro Navarro aseguró que informarán que persiste la situación de violencia y “que el grupo armado de corte paramilitar en la región sigue operando y asediando al municipio de Chalchihuitán, principalmente, en la franja limítrofe”.
Agregó que la situación se tensó después del fallo del Tribunal Unitario Agrario (TUA), el pasado 13 de este mes, a favor de Chenalhó, porque el gobierno empezó a asediar y acosar a funcionarios de Chalchihuitán y a los de Bienes Comunales para que acepten 15 millones de pesos, 300 casas y proyectos productivos como compensación.
“Ésa es una propuesta que no viene de la sentencia del TUA, sino de una manipulación del gobierno estatal para favorecer a Chenalhó, y posicionar para las elecciones del año próximo a su alcaldesa Rosa Pérez Pérez y a su partido, el Verde Ecologista de México , en el que también milita el gobernador Manuel Velasco Coello”, puntualizó.
El informe del Frayba será enviado a la CIDH el próximo 28 de este mes.
afcl
