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La Procuraduría General de la República
(PGR), presentó desde el 14 de junio pasado, un recurso de revisión en contra del amparo que el Juzgado Cuarto de Distrito, en Quintana Roo, otorgó al pederasta, Jean Succar Kuri, para efectos de permitir su traslado del penal de El Altiplano, hacia la cárcel de Cancún.
La principal víctima de Succar, Edith Encalada , informó que en esta semana se le notificó que el 14 de junio pasado, la PGR -un día antes de que se venciera el término para combatir el amparo- presentó el recurso de revisión respecto al amparo 1306/ 2017, promovido por la defensa del otrora magnate.
En entrevista, la joven, quien era menor de edad cuando denunció los abusos del pederasta, hace casi 15 años , reprochó al juez Cuarto de Distrito, Ricardo Ruíz del Hoyo, su “indiferencia” y “poca sensibilidad”, hacia ella y hacia las otras víctimas, al haber amparado “sospechosamente” a Succar, alias “El Johnny”.
También subrayó que, extrañamente, ni ella, ni las otras víctimas tenían conocimiento de la existencia del amparo promovido por la defensa de Succar, para traerlo de vuelta a la cárcel de Cancún, pese a ser las principales agraviadas dentro del proceso que se le sigue en el fuero federal.
“El Ministerio Público Federal fue notificado el primero de junio, de la resolución del Juez Cuarto, respecto al amparo, sin nosotras saber nada del tema. A partir de ahí corría el plazo y vencía el término el 15 de junio, entonces presentan el recurso de revisión el 14 de junio, un día antes.
“A partir de entonces notifican a las partes, al abogado de esta persona y se turna a un Tribunal Colegiado”, señaló.
Encalada exigió a las autoridades dar celeridad a los procesos que se siguen en contra del empresario de origen libanés, para permitirle a ella y a las demás agraviadas, continuar con sus vidas.
La actual cantante recordó que la sentencia por 112 años de cárcel a que un Tribunal Unitario condenó a Succar Kuri por el delito de pornografía infantil y corrupción de menores no está firme y tampoco ha recibido sentencia en las cuatro causas del fuero común, en juzgados de Cancún e Isla Mujeres.
Si bien Edith señala que “tiene pocas esperanzas” de que prospere el recurso de revisión promovido por la PGR, para frenar el traslado de Succar, de El Altiplano a la cárcel de Cancún, Fernando Lechuga, abogado defensor del empresario, tampoco se dice optimista en que se concrete el cambio de penal.
El cinco de junio pasado, al confirmar la existencia el amparo, Lechuga declaró a EL UNIVERSAL que las posibilidades de que su cliente fuera trasladado eran mínimas, entre otras cosas, porque el Ministerio Público Federal podía recurrir la resolución.
“En efecto nos concedieron un amparo para el traslado del señor Succar, pero no está en firme; aún puede ser impugnado por las autoridades, en este caso por el ministerio público federal”, dijo entonces, al señalar que el movimiento no sería “hoy o mañana”, ni en el corto plazo.
Al respecto, Edith Encalada mencionó que, al haber jurisprudencia, otros reclusos que han solicitado su cambio de penal, lo han obtenido.
Consideró que en el mejor de los casos, el que traigan a Succar permitiría que se le dicte sentencia en los casos del fuero común y cerrar el capítulo del fuero federal.
En ese sentido, dio a conocer que así como el abogado del pederasta promovió un amparo en contra de la sentencia por 112 años de cárcel, ella como víctima, también presentó un amparo adhesivo pidiendo ratificar la condena.
Cuestionada acerca de la dilación de las autoridades federales y locales para dictar sentencia firme, respondió:
“Estamos en México. No sé porqué no hay una justicia pronta y expedita, como debería de ser, para uno como víctima cerrar esos capítulos tan dolorosos y poder continuar.
“Hago un llamado a las autoridades para que ojalá este caso sirva como referencia para que no se vuelva a repetir en otras víctimas, en otras personas que han sufrido delitos de esta especie o de esta índole”, manifestó.
Aunque la sentencia del Tribunal Unitario, del 31 de agosto de 2011, en que condenó a Succar a 112 años y seis meses de cárce l, incluye el pago de 527 mil 874 pesos de multa y 350 mil pesos por concepto de reparación del daño a cada una de las siete víctimas que le denunciaron, tampoco esto último se ha cumplido.
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