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Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, afirmó que el reportero Francisco Romero Díaz —asesinado el pasado jueves en Quintana Roo—, incumplió con las medidas del mecanismo de protección a periodistas que el gobierno federal le había otorgado.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, afirmó que se le está brindando todo el apoyo a la familia del comunicador.
“Él estaba incorporado desde julio de 2018 al mecanismo de protección con la mayor parte de las acciones que se otorgan de seguridad, donde incluso se estableció un domicilio para que radicara en la Ciudad de México, el cual él decidió dejar”, señaló.
Añadió que se está haciendo la investigación del caso, asociada a la que abrió la fiscalía del estado, tomando en consideración la declaración de la esposa, quien dijo que el mecanismo había cumplido con su responsabilidad y que el personal de escolta lo estuvo acompañando hasta su casa, “lamentablemente él salió sin haber avisado y sucedió el percance”.
Encinas Rodríguez señaló que se revisará la implementación de las medidas que se otorgan para la protección de comunicadores, pero “sí tenemos que pedirles a los beneficiarios de este programa que nos ayuden a cumplir con los parámetros de seguridad que se requieren para evitar este tipo de incidentes”.
El reportero Francisco Romero Díaz, director del portal Ocurrió Aquí, excolaborador del semanario Playa News y de Quintana Roo Hoy, fue ultimado en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el homicidio.
Ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Francisco Romero —el séptimo ocurrido en México este año— y reclamó al Estado que atienda y resuelva “de manera total” estos crímenes.
En un comunicado, la presidenta de la SIP, la colombiana María Elvira Domínguez, instó al Estado mexicano a mostrar voluntad política para cumplir con su deber de proteger a los periodistas, así como a investigar y sancionar los actos de violencia.
La SIP, con sede en Miami y formada por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental, documentó que desde diciembre pasado, cuando asumió la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, han sido ultimados ocho periodistas en México.
Probable asesino. La noche del jueves, tres hombres fueron detenidos como presuntos responsables del ataque armado a clientes de un bar de Playa del Carmen, el 13 de mayo pasado, que dejó un muerto y 11 heridos. Uno de ellos confesó que era el asesino material del periodista.
El fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes, informó que como parte de los interrogatorios, uno dijo que recibió instrucciones para “darle piso” al comunicador. Detalló que los tres detenidos se asumen como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y que desconocen al que daba las órdenes.
