Cuernavaca.— El 6 de julio, Luz de Alba Pérez Hernández y su hija Alba Yrais Brito Pérez, abandonaron el penal de Atlacholoaya, después de 11 meses y 15 días privadas de su libertad por el delito de desaparición de persona cometida por particulares.

Laura Alejandra, la víctima, denunció que las presuntas responsables la llevaron a un dispensario médico para tener al bebé. Ahí ayudaron en el parto y días después se llevaron al recién nacido.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados del tribunal de enjuiciamiento votaron por una sentencia absolutoria porque no encontraron sustento en la investigación que presentó la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

La historia

Luz de Alba vivía sola en el poblado de Tejalpa, municipio de Jiutepec. Era empleada de seguridad privada de la plaza de la tecnología de Cuernavaca y ahí conoció a Laura Alejandra.

Laura declaró ante el Ministerio Público (MP) que llegó a Cuernavaca el 6 de mayo de 2018 tras una pelea que tuvo con su pareja, con quien vivía en la Ciudad de México. Ese día conoció a la imputada Luz de Alba, a quien confió que tenía siete meses de embarazo, pero no tenía dinero ni lugar dónde vivir, por eso Luz le ofreció vivir en su casa y le comentó que tenía una hija de nombre Cristina de Alba (Alba Yrais), con conocimientos de enfermería.

En sus declaraciones Laura precisó que el 28 de mayo de 2018, a las 7:00 horas, comenzó con labor de parto e Yrais le ofreció llevarla a un dispensario para tener a su hijo.

Aproximadamente a las 10:30 horas parió a una niña y se mantuvo en el dispensario hasta las 21:00 horas. Más tarde regresaron a la casa de Luz de Alba y ahí permaneció hasta el 4 de junio de 2018, fecha en que salió a buscar trabajo.

Su testimonio ante el MP indicó que trabajó todo ese día y al regresar al domicilio lo encontró vació y tampoco estaba su hija recién nacida, pero en ese momento no enteró a nadie de los hechos.

Días después, la alerta Amber precisó que la menor nació el 28 de mayo de 2018 con 39 centímetros de estatura, cabello café claro, ojos café oscuro y de complexión delgada con 3.4 kilos de peso. Es de tez morena clara y su nariz es regular y chata con boca de tamaño regular y labios delgados.

“Al momento de su robo vestía mameluco de Mimí de color rojo en la parte superior y amarillo en la parte inferior con gorro color rojo y en los pies con forma de zapato”, describió la alerta Amber.

La investigación de la fiscalía especializada duró cuatro años y el 18 de agosto de 2022 ejecutó órdenes de aprehensión en contra de Luz de Alba Pérez Hernández de 78 años de edad, y su hija Alba Yrais Brito Pérez de 37 años.

A las dos las arrestaron. La primera en su lugar de trabajo con sede en Ciudad Juárez y a la segunda en la unidad habitacional Campestre, municipio de Jiutepec, cuando llevaba a su hijo a la escuela.

Miguel Ángel Pérez, hermano de Luz de Alba, tuvo una sospecha sobre la fotografía que entregó Laura para identificar a su hija, presuntamente sustraída. La imagen fue divulgada por la Alerta Amber, pero Miguel encontró en internet una foto parecida en el portal BabyCenter.

Miguel Ángel Sandoval Maldonado, abogado de las víctimas, entregó la foto a la fiscalía junto con un informe de peritos especializados que demostraban el plagio, pero la fiscalía ordenó su propio examen, el cual concluyó que se trataba de la misma fotografía al existir semejanzas y similitudes entre ambas.

Después de 11 meses de investigación y al no encontrar sustento en la misma que presentó la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, las dejaron libres.

Con la ficha de libertad en la mano Luz de Alba y Alba Yrais cruzaron la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, situada al lado del penal, y junto con sus familiares se regocijaron por el fin de esta pesadilla.

Sin embargo, el 17 de agosto, un mes después de su egreso penitenciario, se enteraron de que la fiscalía especializada había presentado un recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria del 13 de agosto de 2023.

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Apelación

Los agentes del Ministerio Público, adscritos a la fiscalía especializada, Emmanuel Aguilar Santana y Roberto Quiñones Báez, expusieron a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que no existen elementos científicos para concluir que realmente sea la misma fotografía y sostuvieron que las imágenes publicadas en internet “es evidencia de que la misma se encuentra ahí, más no que ésta sea verdadera”.

Argumentaron que, conforme al testimonio de los peritos en materia de informática propuestos por el Ministerio Público y la defensa, hay coincidencia que la única que tenía facultades para mover las imágenes era la usuaria que había publicado esa fotografía.

Por lo cual, expresaron en el recurso de impugnación, que “no se encuentra demostrado que tanto la fotografía utilizada para emitir la referida alerta, así como la fotografía publicada en el sitio de internet denominado BabyCenter, bajo el rubro bebés que cambian de color, sean la misma”.

Los fiscales aludieron también el criterio de la única juez que votó en contra de la sentencia absolutoria, al considerar absurdo el testimonio de Miguel Ángel Pérez, hermano de una de las presuntas responsables, quien localizó la foto de la bebé en la red de internet.

El testimonio, dijo la juez, es absurdo y no está respaldado por una prueba científica sin que exista duda de que la niña, hija de Laura Alejandra, realmente nació y permaneció con vida hasta la fecha en que fue separada de su progenitora.

Más adelante refirieron testimonios de expertos en informática cuya coincidencia fue que la página era de dominio público y cualquiera podía subir o descargar información de esta, y que sólo los propios usuarios pueden editar sus publicaciones, por lo que no es posible darle valor probatorio, ya que no sólo por el hecho de que exista esa publicación se tiene por cierta.

La defensa, esgrimieron los ministerios públicos, no recabó más información acerca de quién es el propietario de la cuenta, siendo que era su prueba que sostenía la teoría del caso.

En respuesta, el abogado defensor Miguel Ángel Sandoval Maldonado afirmó que la fiscalía especializada tuvo cuatro años para verificar si la foto aportada por la presunta víctima era real; sin embargo, no existe rastreo de la fotografía, análisis o siquiera un interrogatorio puntual sobre el origen de la foto.

Apelación de la defensa

Una vez liberadas, madre e hija también promovieron un recurso de apelación contra la sentencia absolutoria porque los magistrados omitieron dar vista a la representación social para iniciar una investigación en contra de Laura Alejandra por hechos presuntamente constitutivos de delito de desaparición de persona cometida por particulares, fraude procesal y lo que resulte.

Todo ello, expusieron las mujeres, porque Laura mintió y se contradijo ante el juez para imputarlas del delito de desaparición. Nadie la vio embarazada, en su momento, cuando supuestamente Laura se percató que su hija había desaparecido, no dijo a nadie sobre el robo de su bebé.

Lo hizo hasta el 24 de junio de ese año cuando su madre Vianey Paredes y su esposo la encontraron en Cuernavaca y al cuestionarle sobre su hija les confesó que se la habían quitado; habían pasado 20 días desde la supuesta sustracción de la menor.

“Resulta evidente que Laura Alejandra es la única persona que puede dar datos sobre la suerte y paradero de su hija, puesto que quedó en evidencia que la historia que contó a la representación social y al tribunal de enjuiciamiento fue falsa.

“Con esas pruebas, consideraron madre e hija, la representación social debió solicitar el sobreseimiento a su favor e investigar a Laura Alejandra; sin embargo, ignoró el hecho de la prisión preventiva y continuó con la acusación e incluso solicitó la condena, sabiendo que no teníamos absolutamente nada que ver con la desaparición de la hija de Laura Alejandra Acosta Paredes y ella con sus afirmaciones y declaraciones, provocó que la autoridad judicial nos enjuiciara estando detenidas”, reclamaron.

Por esos motivos expusieron madre e hija que, Laura debe ser sometida a investigación por el interés superior del menor, puesto que es la única persona que puede dar cuenta de la suerte de su hija.

Con esta experiencia, Luz de Alba dice que perdió la confianza en la gente porque sólo tenía la intención de ayudar a la joven, a la que vio endeble y le tomó cariño: “Nunca desconfié de ella. Quise ser buena”.

Su hija Alba Yraís recuerda cuando la detuvieron y fue interrogada por el licenciado Roberto Quiñones, uno de los ministerios públicos que impugnó la sentencia absolutoria: “Perdimos 11 meses y 15 días de nuestras vidas, pero también nuestras familias, como mis hijos. El pequeño todavía pregunta cuando lo llevo a la escuela, si voy a regresar por él”.

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