Obispo “exculpa” a Los Ardillos de masacre de músicos

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Quien generó polémica, nos cuentan, fue el obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, debido a que reveló que se volvió a reunir con líderes de organizaciones criminales y esta vez su acercamiento fue con Los Ardillos, a quienes se les ha adjudicado la masacre de 10 trabajadores del grupo musical Sensación. Don Salvador, nos relatan, señaló que los líderes de esta célula le aseguraron que ellos no ordenaron el crimen, lo cual levantó ámpula porque el fiscal general, Jorge Zuriel de los Santos, tras los primeros días de la masacre señaló a Los Ardillos como los responsables. Pero eso no fue todo, nos dicen, pues el prelado indicó que la declaración del fiscal fue “imprudente”, ya que según él, el crimen tuvo de fondo problemas de carácter agrario y no relacionados con el narcotráfico, por lo que los responsables serían otros. ¿Será que monseñor se equivocó de profesión y confundió el seminario con la escuela de criminología y derecho?, se preguntan en Guerrero.

En tremendo lío, nos revelan, se encuentra el titular de la Secretaría de Movilidad de Tabasco, Narciso Oropeza Andrade, debido a que un juez le ordenó permitir la circulación de 350 taxis irregulares, a los que su dependencia había puesto en stand by, como parte de un operativo para regular estas unidades de transporte. El tema, nos detallan, es que ante el operativo, las empresas propietarias de estos taxis piratas se ampararon previamente para evitar cualquier cese a sus actividades, lo cual no fue considerado por la Secretaría de Movilidad, que ahora por esta omisión deberá también devolver 30 unidades que fueron retenidas durante los operativos. De esta forma, nos mencionan, el secretario tiene sólo un plazo de tres días para cumplir con este fallo o, de lo contrario, podría ser sancionado. ¡Qué tal!

En Baja California Sur, nos comentan, la libertad de expresión se quiere tambalear, o al menos eso se percibe luego de que algunas voces comenzaran a descalificar la labor de la corresponsal de EL UNIVERSAL en dicho estado, al grado de que han comenzado las amenazas, intimidaciones y una campaña de desprestigio en su contra. El tema, nos dicen, es que debido a su trabajo, que da seguimiento a la gestión del gobierno estatal, los ayuntamientos de Los Cabos y La Paz, la cobertura a la violencia de género, seguridad y servicios públicos, la reportera es objeto de intimidaciones y difamaciones que, dicho sea de paso, ya son indagadas por las autoridades, pues representan un atentado a la libertad de expresión. Así las cosas, nos indican, en un contexto de violencia contra las mujeres y los comunicadores.

El presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, nos confiesan, se vio obligado a renunciar a su Notaría Pública 121, que obtuvo durante el gobierno de Manuel Velasco (PVEM). Tal decisión, nos explican, fue vista como un acto del magistrado por mostrar que el buen juez por su casa empieza, una vez que la semana pasada el gobernador Rutilio Escandón (Morena) pidió a quienes están en la administración pública y son fedatarios al mismo tiempo, elijan si desean fungir como servidores públicos o notarios, además de señalar que durante su gobierno no otorgará una fiat más, porque sus antecesores las concedieron mediante “amiguismo” e hicieron un “gran daño” a la sociedad. Al buen entendedor, pocas palabras.