Más Información
Chilpancingo.— Lo que faltaba: nadie sabe dónde está el policía estatal que disparó contra Yanqui Kothan Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa. La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo han atinado a culparse.
La noche del jueves 7 de marzo, policías estatales dispararon contra Yanqui Kothan, Osiel y otro joven identificado como El Arenita. De un tiro en la cabeza asesinaron a Yanqui Kothan y los otros dos fueron detenidos, aunque sólo se informó de la detención de uno.
Un caso lleno de inconsistencias
La madrugada del viernes, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Rolando Solano Rivera, soltaron la “versión oficial” y comenzó el enredo.
Dijeron que se trató de un enfrentamiento, que los normalistas iban armados y dispararon contra los policías estatales y estos últimos respondieron. Que los pararon en un retén, porque la camioneta donde viajaban los normalistas tenía reporte de robo. Que los jóvenes iban alcoholizados y drogados.
Posteriormente, el director del Centro Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, afirmó que documentaron que los agentes alteraron la escena del crimen. Primero, dice, a Yanqui Kothan lo trasladaron en una patrulla y no en una ambulancia.
Luego, los policías se llevaron la camioneta donde fue asesinado el joven, sin que la FGE realizara peritajes y recabara pruebas.
En conferencia de prensa, el padre Filiberto y la madre de Yanqui Khotan presentaron el certificado de defunción, donde se aclara que el joven y otro normalista detenido dieron negativo a alcohol y drogas.
También dieron negativo a la prueba de rodizonato de sodio, es decir, no dispararon. El abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dice que, de acuerdo con el estudio de balística, la camioneta tenía cuatro impactos de bala, todos con trayectoria de afuera hacia dentro.
Sobre la pistola hallada en la camioneta, en el peritaje no se hallaron casquillos que coincidan con esa arma.
Rosales Sierra hace un listado de otras irregularidades en el caso:
Uno: el gobierno de Guerrero se negó a entregar los videos grabados en las cámaras del C4.
Dos: Reynoso Núñez y Solano Rivera asumieron, sin investigar, la versión de los policías, pese a que todo era mentira.
Tres: la policía detuvo a Osiel y a El Arenita, pero sólo reportan la detención de Osiel.
Cuatro: en la detención de El Arenita, dicen que portaba un arma larga, pero no la presentan.
Cinco: Reynoso Núñez y Solano Rivera en la conferencia, a las 2 de la madrugada, dicen que ya pusieron a disposición a Osiel, pero es falso, pues fue puesto a disposición hasta las 7 de la mañana del 8 de marzo.
Rosales Sierra consideró que la responsabilidad penal no sólo debe caer sobre los policías que dispararon, sino también contra Reynoso Núñez y Solano Rivera por mentir y encubrir actos delictivos.
El director del Centro Minerva Bello afirmó que la actuación de los funcionarios complicó la investigación. Por su parte, los estudiantes de Ayotzinapa exigen la renuncia del secretario de Seguridad Pública.
Sin detenidos
A estas irregularidades se suma la “fuga” del policía que disparó.
La abogada del Centro Minerva Bello, Norma Garduño, aseveró que el caso se encuentra en un momento “muy preocupante” porque hasta ayer no había detenidos ni órdenes de aprehensión.
Dijo que la no localización del agente no se puede considerar fuga porque nunca hubo una orden de aprehensión y lamentó que la FGE no ejerciera su atribución legal de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva contra los tres agentes.
“Todos sabemos que ante la posibilidad de la comisión de un delito se tiene que liberar esta medida cautelar. No es el primer caso donde se libera primero al sospechoso, luego se emite la orden de aprehensión y ya no se le localiza”, explica.
Norma Garduño dijo que el día 8 de marzo los tres policías se presentaron ante el MP a declarar y después fueron liberados.
“En ese momento lo que se mencionaba por parte de los servidores públicos era que estos policías estaban detenidos, sin embargo, ahora lo que se menciona es que no, porque no había una orden de aprehensión, pero en ese momento la Fiscalía General de la República ya había emitido un comunicado donde decía que había indicios para declarar violaciones a los derechos humanos”, añadió.
La abogada agregó que apenas ayer la FGE entregó la carpeta de investigación a la FGR, aunque la solicitud fue hecha el viernes.
