Oaxaca de Juárez.— El 9 de noviembre a mediodía, Valeria (nombre ficticio para proteger a la víctima) se encontraba en el local donde trabajaba como comerciante cuando su expareja irrumpió e intentó asesinarla con un cuchillo, dejándola herida.
No fue la primera vez que su agresor, Érick N., padre de su hijo, la violentó.
Valeria asegura que en repetidas ocasiones la había golpeado y amenazado de muerte. Dice que pensaba denunciar, pero la familia del sujeto le advertía que su proceso no prosperaría, porque no tiene la solvencia económica para darle continuidad a un caso así.
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Después de la última golpiza, Valeria tomó a su hijo y lo abandonó. Como respuesta, y bajo los efectos de sustancias ilícitas, Érick N. llegó al local de la joven, de 21 años, con la intención de matarla.
La inmovilizó con un cable, tomó un cuchillo y se lo puso contra el cuerpo. “Me decía que no le importaba lo que fuera a pasar, que no tenía miedo de matarme y que ya tenía todo planeado”, relata Valeria.
Fue gracias a la llegada de un par de clientas que la joven pudo pedir ayuda y hacerles señas para que llamaran a la policía, pero el hombre alcanzó a herir a la joven. Poco después llegó la madre de ella, así como la policía, que encontró en las pertenencias del agresor un martillo y el cable, además del cuchillo.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra el agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades y vinculado a proceso el 13 de noviembre, cuando se llevó a cabo la primera audiencia.
Sin embargo, el juez a cargo del caso reclasificó el delito a violencia familiar en su modalidad física y sicológica, con el argumento de que no se pudo acreditar que las clientas impidieron el intento de feminicidio y que éste “ya había cesado”.
Valeria no cuenta con recursos económicos para pagar asesores legales externos que acompañen su caso y fue por sus propios medios que se enteró de las razones para la reclasificación del delito, pues a ella no le notifican ni las fechas de las audiencias. Tampoco le dieron a conocer que la fiscalía decidió no apelar la resolución del juez. Mientras el proceso se desarrolla en la opacidad, ella teme por su vida.
Un problema de muchas mujeres
Al igual que Valeria, mujeres que lograron sobrevivir a la violencia feminicida enfrentan obstáculos para que se castigue a sus agresores. El primero son los jueces, que desestiman su calidad de víctimas de feminicidio en grado de tentativa y reclasifican el delito a lesiones o violencia familiar.
De acuerdo con datos proporcionados a EL UNIVERSAL por la fiscalía oaxaqueña, durante todo 2022 y hasta noviembre de 2023 un total de 84 mujeres fueron asesinadas y sus casos fueron tipificados como feminicidio; en ese mismo periodo otras 32 sobrevivieron a un intento de feminicidio.
El desglose de las cifras indica que en 2022 fueron 45 los asesinatos tipificados como feminicidios y 15 los considerados en grado de tentativa, mientras que de enero a noviembre de 2023 fueron 39 y 17, respectivamente, y aún faltaban por contabilizar los casos de diciembre.
A ellas deben sumarse mujeres como Valeria, cuyos intentos de feminicidio fueron desestimados y reclasificados, disminuyendo sustancialmente el castigo al que se enfrentan los victimarios y abonando a que los ataques queden en la impunidad
Fuentes de la fiscalía aseguraron a este medio que no se trata de un hecho aislado, sino que es una constante que los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEO) tomen determinaciones en contra de la víctimas e incluso que la fiscalía estatal no apele los fallos.
Un delito sin castigo
Lograr una sentencia por un feminicidio en grado de tentativa no es no común ni sencillo, y en la entidad existen casos emblemáticos como el de María Elena Ríos, quien además de sobrevivir a un ataque con ácido se ha enfrentado a múltiples intentos de que su caso se considere como agresiones.
En octubre de 2022 la Fiscalía de Oaxaca notificó sobre la primera sentencia histórica por tentativa de feminicidio, una condena de 44 años por un hecho sucedido en la cuenca del Papaloapan. El 8 de noviembre pasado una condena similar fue dictada por un caso sucedido en Valles Centrales. En otras palabras, sólo dos de quienes intentaron asesinar a las 32 mujeres víctimas de feminicidio en grado de tentativa de 2022 a la fecha han podido ser sentenciados.
Lo anterior es grave sobre todo si se considera que desde el año 2000 existen datos del Senado de la República que colocan a Oaxaca como una de las entidades más riesgosas para la vida de las mujeres.
Con 39 casos, durante 2023 Oaxaca ocupó el séptimo lugar nacional en feminicidios.
Para la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, que lleva un registro de mujeres víctimas de violencia feminicida, “este fenómeno ha alcanzado dimensiones alarmantes en Oaxaca ante la falta de voluntad política y capacidad de las autoridades para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, lo que nutre la impunidad.
Si bien reconoce que la violencia familiar es la más común de las agresiones contra las oaxaqueñas, y registra 663 casos, puntualiza que existe un subregistro considerable debido a que muchas de estas agresiones no son denunciadas, pese a que la violencia familiar puede escalar hasta el feminicidio.
Valeria hace un llamado a las autoridades para revisar la reclasificación del delito en su contra, así como a las organizaciones para que acompañen su proceso.
“Temo por mí y por mi hijo, porque la familia de mi agresor ya me había advertido que nada pasaría si denunciaba la violencia que ejercía él sobre mí, que yo sería quien saldría perdiendo”, lamenta con miedo de que tengan razón.
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