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Culiacán.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que no se tiene evidencias que en la colocación ilegal de las 571 cámaras de videovigilancia en equipamiento público y urbano, las cuales han sido retiradas en el operativo especial que se tiene, hubo complicidades.
Sin embargo, admitió que no se deja de presumir que, en estas instalaciones clandestinas en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato, se pudo dar casos de corrupción, pero no se tiene la evidencia para demostrar que eso se presentó.
Comentó que se va a continuar con este operativo especial en todo el estado, en estos momentos se trabaja en estos tres municipios, tanto en las áreas urbanas, como rurales, en donde se está desmontado los equipos de vigilancia que fueron colocadas en forma ilegal por grupos delictivos para disponer de su propia vigilancia.
Rocha Moya explicó que estas cámaras fueron colocadas en algunos sitios, junto a equipos de particulares para ocultarlas y tener un camuflaje, por lo que se dispuso de un operativo muy especial para su rastreo y ubicación.
El ejecutivo estatal indicó que privaba una especie de competencia en la vigilancia de las ciudades y áreas rurales, entre el sistema de seguridad y los grupos delictivos que aprovecharon las circunstancias para ubicar sus equipos.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer el retiro de 17 nuevas cámaras de videovigilancia instaladas en forma irregular en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde se encontraron 3 equipos PTZ inalámbricas y catorce fijas alámbricas.
Como se ha validado en todas las acciones, estas cámaras retiradas no estaban enlazadas al C4i, el cual cuenta con un sistema de medidas tecnológicas de seguridad que evita su hackeo o la creación de un sistema espejo.
afcl/LL
