El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) , Rogelio Jiménez Pons , declaró que no es prioritario investigar y proceder contra los exfuncionarios de dicha institución, que probablemente incurrieron en responsabilidad en el caso “ Malecón Tajamar ”, en Cancún .
En entrevista, el funcionario federal consideró que todas las partes “actuaron de buena fe”, tanto los particulares que compraron los terrenos en el lugar, como los ex funcionarios que ofrecieron gestionar los permisos para desarrollar, que vendieron los lotes, que no verificaron el cumplimiento de condicionantes y que apremiados ante el vencimiento de las autorizaciones, apresuraron el desmonte y relleno de manglares, afectando especies de flora y fauna, por ejemplo.
“ Yo creo que todavía es muy prematuro, yo creo que la gente, a mi entender, yo parto del principio de que todos actuaron de buena fe, vendedores y compradores ".
“ Que hubo un problema técnico de por medio, indudablemente lo hubo, por eso resultó esto, entonces vamos a ver cuál es el alcance, realmente, de responsabilidades, pero no prejuiciemos. Yo creo que aquí fue un mal negocio pa’todos (…) yo no me atrevería a ‘sanatizar’ a nadie porque no sabemos cuál es el propósito, yo creo que el propósito fue hacer algo bueno para Cancún ”, expresó.
Jiménez Pons
dijo que, entiende que el problema tuvo que ver con la entrada en vigor del artículo 60 TER contenido en la Ley General de Vida Silvestre (LGVD) que prohíbe interrumpir el flujo hidrológico de los manglares.
Sin embargo, esa apreciación es parcialmente correcta, debido a que esa modificación legal entró en vigor en 2007, es decir, dos años después de que el Fonatur obtuviera -con información falsa o incompleta, según se demostró ante un Tribunal Colegiado- la autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) , en julio de 2005, para la urbanización y lotificación del sitio.
El problema real fue la tramitación incorrecta de los permisos, falseando los datos sobre la presencia real del manglar y la identificación del humedal -protegido ya por la NOM-022 y RAMSAR, en el polígono- además de la violación a la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Otra de las irregularidades, fue la modificación constante y a modo de los términos de la autorización de impacto ambiental, solicitada por el Fonatur y concedida por Semarnat , además de la renovación de esos permisos, estando ya vigente el 60 TER, sin contar con las violaciones a las condicionantes de la propia autorización y del desmonte ilegal de 10 predios por parte de la empresa italiana Bi an Di, en julio del 2015, lo que dio pie al origen del movimiento ciudadano para defender Tajamar .
Las irregularidades mencionadas y otras más están contenidas en la sentencia definitiva del Tribunal Colegiado , que revocó por ello, la autorización de impacto ambiental y que prohibió expedir nuevos permisos en el polígono.
También se enumeran ampliamente en la recomendación expedida en diciembre de 2017 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , dirigida a la Semarnat, a Fonatur, a la Profepa y al ayuntamiento de Benito Juárez , en cada uno de sus ámbitos de competencia.
De este modo, las irregularidades en que incurrieron ex funcionarios del Fondo, costarán a la ciudadanía, entre tres mil y cuatro millones de pesos en recursos públicos, solamente, para indemnizar a los compradores de terrenos en Tajamar , que no podrán construir los edificios condominales, las plazas comerciales, el hotel y otras edificaciones de negocios, programadas en el polígono de 74.8 hectáreas.
Habrá un gasto adicional para rescatar el sitio, urbana y ambientalmente. Jiménez Pons visitó Malecón Tajamar y confirmó que la infraestructura pública está deteriorada, que el cableado fue robado y algunas zonas vandalizadas, además de que la hierba está crecida y descuidada.
El deterioro del polígono se debe a que el Fonatur abandonó su mantenimiento, so pretexto de los juicios abiertos en su contra por el relleno y desmonte de manglares y afectación a la fauna silvestre, que le impedían modificar el entorno de los predios privados materia de los litigios.
Sin embargo, no había restricciones para cumplir con su obligación de dar mantenimiento a las áreas públicas, es decir, reparar luminarias y mantener limpio y vigilado el sitio, lo cual no sucedió.
El funcionario declaró que es fundamental evaluar el nivel de deterioro del lugar y hacer los cálculos necesarios para reponer el mantenimiento y evitar que la inversión pública también se pierda.
Resaltó que Malecón Tajamar será recuperado para beneficio de la comunidad, tomando en cuenta “ que los derechos legítimos de toda la gente, incluyendo los de la sociedad que van por delante, estén debidamente protegidos ”, al igual que los de los propietarios, a quienes habrá que responderles.
mcp
