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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La jueza primera de distrito, Doris Yadira Ponce Figueroa, negó la suspensión provisional y definitiva del juicio de amparo solicitado por los pueblos y comunidades originarios para que se detenga la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, cuyos trabajos iniciaron el 8 de junio, informaron agrupaciones y abogados que respaldan a los inconformes.
Los quejosos dijeron también que 429 personas solidarias, 33 organizaciones de la sociedad civil así como la academia de más de 20 países manifestaron su apoyo a las comunidades y pueblos indígenas que rechazan la construcción de la vía.
Con respecto al amparo, precisaron que la jueza argumentó que los quejosos no probaron la omisión reclamada, sin estudiar el fondo ni contemplar que la naturaleza de la omisión de brindar información es una carga probatoria que el gobierno debe desvirtuar, no los quejosos.
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Actualmente, el trámite se encuentra suspendido en tanto se resuelva un recurso de queja interpuesto por la Secretaría de Infraestructura de Chiapas contra la admisión de la demanda de amparo.
Está pendiente de resolverse un recurso de revisión promovido por los quejosos contra la negativa de la suspensión definitiva del proyecto. Agregaron que el recurso será conocido por el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa de Chiapas.
Manifestaron que por el momento, las decisiones de la juzgadora de distrito al negar la suspensión provisional y definitiva, deja en la indefensión a las comunidades originarias, porque permite que la construcción de la carretera siga su curso sin que los afectados tengan información certera y adecuada sobre detalles del proyecto y el impacto territorial y cultural que causará.
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Esa determinación representa un daño para ese territorio y el medio ambiente, porque la juzgadora fue omisa en reconocer la relación que tiene el derecho de acceso a la información ambiental oportuna en la consulta pública y la destrucción ambiental.
El juzgado, añadieron, sobreseyó el recurso de amparo sin realizar el estudio de fondo, porque valoró que el decreto por el cual el Ejecutivo del Estado establece lineamientos para realizar consultas sobre megaproyectos "no violaba por sí misma los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”.
Mendoza Álvarez, responsable de atender el amparo sobre los lineamientos, no consideró los argumentos de que dicho decreto no prevé los estándares de derechos humanos respecto al derecho a la consulta de pueblos originarios, enmarcaron.
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Es decir, que la decisión a mano alzada por personas ajenas a los poblados afectados, sin información ni labores de diálogo "no es precisamente considerar la voz de los pueblos”
El sobreseimiento del amparo, enfatizaron, es desperdiciar una oportunidad del juzgado para establecer criterios judiciales novedosos e importantes sobre el derecho al desarrollo y la libre determinación desde la visión de las comunidades originarias.
Cuestionaron si es desarrollo para los pueblos una autopista, o ¿quizá quieran y necesiten otras obras de infraestructura como escuelas u hospitales en sus territorios? ¿Les preguntaron sobre ello?, cuestionaron.
Las agrupaciones y los abogados informaron asimismo que 429 personas solidarias y 33 organizaciones de la sociedad civil y académicas de 25 países, de Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, Alemania y otros, se integraron a la declaratoria de territorios libres de megaproyectos.
Dicha declaratoria fue suscrita por 12 mil 516 personas de pueblos originarios de los municipios que tendrán efectos colaterales por la obra carretera.
Esos inconformes pidieron respeto al derecho a la libre determinación, a la información por consulta libre, previa y culturalmente adecuada y que se detenga la violencia y la "criminalización" contra defensores de derechos humanos y ambientales.
aov/mgm
